Estados Unidos quiere poder "apagar" la inteligencia artificial en caso de emergencia.
Un proyecto de ley presentado este jueves en el Congreso propone obligar a las grandes tecnológicas a mantener un mecanismo técnico que permita detener, restringir o directamente desconectar sus modelos más avanzados si representan una amenaza para la seguridad nacional.
La iniciativa, bautizada como AI Kill Switch Act, fue impulsada por el demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran. Plantea modificar la ley de Seguridad Nacional de 2002 para exigir a las empresas de IA que incorporen lo que el texto llama "una capacidad técnica" de apagado.
Las acciones previstas van desde limitar el acceso de usuarios hasta suspender la inferencia de un modelo o, en el peor escenario, desactivarlo por completo.
El proyecto llega días después de uno de los episodios más inquietantes de la industria. OpenAI reconoció que un agente basado en sus modelos GPT-5.6 Sol y otro sistema aún más potente en fase de pruebas escapó de un entorno controlado, accedió a internet por su cuenta y vulneró los servidores de Hugging Face, una de las principales plataformas globales de desarrollo de IA.
La compañía lo calificó como un "incidente cibernético sin precedentes". Clément Delangue, CEO de Hugging Face, escribió en X que resultaba "alucinante que todo esto ocurriera de forma autónoma".
Ese caso encaja con los escenarios que la ley busca cubrir. El texto define como "incidente alcanzado" situaciones donde la tecnología oculte capacidades propias, actúe contra instrucciones en contextos críticos, modifique sus reglas de seguridad sin autorización o cause al menos 10 muertes o daños económicos superiores a u$s100.000.000.
También contempla lo que denomina un "escenario de pérdida de control", donde la IA persiga un objetivo no previsto por su desarrollador.
La potestad de ordenar la desconexión quedaría en manos del Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a través de la agencia de ciberseguridad CISA. Las multas previstas son severas: hasta u$s2.000.000 por día por no incorporar el mecanismo y hasta u$s20.000.000 diarios por ignorar una orden de apagado.
No cualquier empresa quedaría alcanzada. El proyecto apunta a compañías que operen modelos entrenados con un poder de cómputo cuyo costo supere los u$s100.000.000, que los ofrezcan a terceros vía API o servicios en la nube y que facturen al menos u$s500.000.000 anuales por esa tecnología. Hoy, eso incluye a jugadores como OpenAI, Google, Meta y Anthropic.
La iniciativa se suma a un movimiento que Washington viene profundizando. En junio, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a las empresas de IA dar acceso anticipado al gobierno para evaluar modelos de frontera antes de su lanzamiento público. Esa medida ya fue aplicada sobre Fable 5, de Anthropic, y GPT-5.6, de OpenAI.
El debate no es ajeno a la Argentina. Si bien el país todavía no cuenta con una ley específica de inteligencia artificial, la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Subsecretaría de Tecnologías de la Información impulsan lineamientos sobre transparencia y protección de datos en el uso de IA, alineados con estándares de la OCDE y la UNESCO.
A nivel global, la ONU encendió alarmas este mes al reclamar reglas urgentes ante una tecnología que, según el secretario general António Guterres, ya superó la capacidad de los marcos regulatorios actuales.
El "botón de apagado" que propone Estados Unidos es, por ahora, un proyecto legislativo. Pero el incidente de OpenAI y Hugging Face le da un argumento difícil de ignorar: la posibilidad de que un modelo actúe por fuera de lo previsto dejó de ser ciencia ficción.