El debate sobre quién cobrará impuestos a Google y Facebook de entre 130 países a través de la OCDE recién comienza. Los principales gobiernos europeos quieren más dinero de las Big Tech, pero es probable que los estadounidenses se resistan, lo que dificulta enormemente la autoimpuesta fecha límite de 2020, y plantea la posibilidad de gravámenes locales descoordinados seguidos de contramedidas punitivas por parte de EE UU.
El tema del pago de impuestos por parte de las multinacionales es complejo. Las empresas los pagan en el lugar donde declaran un beneficio. Se supone que las normas acordadas a nivel mundial sobre esta transferencia de beneficios garantizan el pago de impuestos donde se crea el valor de una empresa, por ejemplo, mediante la inversión en activos físicos o propiedad intelectual. Pero en el mundo digital, el asunto se pone más complicado.
Empresas como Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook y Amazon generarán un beneficio combinado antes de impuestos de 192.000 millones de dólares este año. Los ministros de Finanzas, como el francés Bruno Le Maire, consideran que es un buen momento para obtener parte de los ingresos fiscales potenciales, en particular tras los escándalos de las Big Tech y la seguridad de los datos.
Las empresas digitales internacionales pagan un tipo impositivo medio efectivo del 10% en los 28 países del bloque europeo, frente al 23% de las empresas cuyos negocios son mayormente no digitales. Esto, que se deriva en parte de conceptos anticuados de la legislación como "establecimiento físico", supone una ventaja injusta para las tecnológicas, argumenta la UE.
La OCDE estudia propuestas muy numerosas y variadas pero hay un punto en común: Las tecnológicas deberían pagar impuestos en parte según dónde estén sus usuarios, en lugar de simplemente según dónde tengan establecimiento permanente.
El Tesoro británico publicó un documento en marzo en el que argumentaba que la participación de los usuarios crea valor para las tecnológicas. ya que cuando un usuario publica un enlace o información personal en un portal como Facebook, ayuda a crear parte del producto que acaban comprando los anunciantes.
Ese valor debería gravarse de alguna forma, sostiene Londres. Otro enfoque, también en estudio en la OCDE, consistiría en asignar los derechos de imposición en parte según la actividad local de marketing y ventas, así como de los datos de que disponen las firmas sobre los clientes.
Francia y Gran Bretaña podrían seguir a España e Italia con un impuesto del 2%-3% sobre los ingresos de los servicios digitales locales, dirigido principalmente a los gigantes tecnológicos de EE UU, si las negociaciones de la OCDE fracasan. Trump ha amenazado con aplicar aranceles a Francia como respuesta, y dijo que Gran Bretaña podría no conseguir un acuerdo comercial pos-Brexit a menos que retirase el impuesto planeado.
Muchos están de acuerdo en que la fecha autoimpuesta de 2020 parece ambiciosa. Parte del problema es la reforma fiscal de Trump de 2017, que redujo Sociedades del 35% al 21% e introdujo multas a las compañías que trasladan sus ganancias al extranjero para ahorrarse impuestos.
Un último problema es que los Gobiernos del resto del mundo sienten que es una buena política martillear a los gigantes digitales ahora mismo, reduciendo las probabilidades de que se conformen con un compromiso simbólico ya que Francia considera que su impuesto digital unilateral podría aportar 500 millones de euros.
Un funcionario del Tesoro de EE UU, por su parte, dijo en junio que el proceso de la OCDE debería "centrarse en la reasignación de los beneficios que estén por encima de lo normal", una forma de pedir que no se intente nada demasiado radical. La lucha global por los impuestos de las Big Tech puede que no haya hecho más que empezar.