La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) redefinió el rol de las interfaces cripto y estableció un marco regulatorio inicial para el ecosistema DeFi en el país.
La nueva guía marca una diferencia entre lo que es un intermediario financiero y un simple software de acceso.
A partir de esta diferenciación, algunas plataformas cripto —como aplicaciones móviles, billeteras digitales o extensiones de navegador— podrán operar sin registrarse como bróker-dealers, siempre que cumplan con reglas de transparencia y seguridad.
En ese sentido, el documento, emitido por la División de Trading and Markets, introduce la figura de los "covered user interfaces" (interfaces de usuario amparadas) y brinda un marco legal para que los desarrolladores que provean acceso a protocolos DeFi puedan funcionar en Estados Unidos.
La resolución establece un período de gracia de cinco años para que los proyectos se adapten al nuevo esquema.
Durante ese lapso, las plataformas podrán operar bajo reglas claras y con supervisión, mientras la SEC evalúa la evolución del mercado y define un marco regulatorio más amplio.
Qué obligaciones deberán cumplir las interfaces cripto
Las interfaces que entren en este esquema deberán cumplir con un conjunto de condiciones precisas:
- Garantizar transparencia en las tarifas
- Informar sobre posibles conflictos de interés
- Asegurar el correcto funcionamiento técnico de la plataforma
- Dejar explícito que no están registradas como intermediarios financieros
- Evitar cualquier discrecionalidad en la ejecución de transacciones (la plataforma no puede decidir cómo ni cuándo ejecutar una orden)
- No custodiar fondos de los usuarios
- No ejecutar operaciones en nombre de terceros
- No dar recomendaciones de inversión
- Limitarse a mostrar información objetiva, sin sugerir rutas de ejecución ni influir en las decisiones del usuario
La búsqueda de la SEC refuerza la idea de que DeFi puede integrarse al sistema financiero tradicional sin perder su carácter abierto.
El desenlace será decisivo: el organismo dejó claro que este esquema es experimental y sujeto a revisión. Si los proyectos cumplen con las condiciones, podría extender o formalizar la exención. Si no, volverá la línea dura de fiscalización.
