En el marco del acuerdo comercial con los Estados Unidos, el Gobierno impulsa una Ley de Patentes que está encontrando obstáculos en el Congreso por la presión de los laboratorios farmacéuticos nacionales, que copian fórmulas y comercializan "genéricos".
Sin embargo, muchas startups de la economía del conocimiento –en especial, la biotecnología–, esperan esta norma para exportar sus invenciones de forma segura.
"Especialmente, la biotecnología es uno de los campos donde la Argentina cuenta con masa crítica científica, universidades, CONICET y empresas de base tecnológica. Sin embargo, el esquema regulatorio de patentes que rige desde 2012 terminó dejando fuera del sistema justamente a ese sector", afirman Pablo Palazzi y Octavio Mitelman, del estudio Allende & Brea.
"Durante muchos años, la biotecnología quedó atrapada en una zona gris: fuerte capacidad científica, pero escasa protección por patentes", subrayan.
De hecho, según la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), el sector biotecnológico es buscado por el 26,1% de los inversores de riesgo, pero su influencia es aún mayor porque también pueden proveer soluciones a los rubros AgrifoodTech (45,7%) y Healthtech (28,3%).
¿Qué cambiaría con la nueva Ley de Patentes? "Si Argentina pasa a formar parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) significa que existirá lo que se denomina una solicitud internacional, es decir, el PCT funciona como una "ventanilla única" de presentación inicial para pedir protección en varios países", explica Ornella Tesone, del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.
Esto implica que habrá mayor protección y beneficios financieros para la exportación de tecnología argentina.
"La Argentina está dando un giro relevante en su política de patentes. Tras 14 años de un esquema restrictivo —particularmente duro con las patentes farmacéuticas y biotecnológicas—, el país avanza hacia un sistema más alineado con los estándares internacionales", indican Palazzi y Mitelman.
"El cambio incluye dos decisiones clave: el fin de las exclusiones automáticas en relación a la materia patentable en los sectores industriales como los laboratorios farmacéuticos y la incorporación al sistema internacional PCT", señalan.
"El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS en inglés) es el punto de partida de todo el debate. Desde 1995, cuando entró en vigor dentro de la OMC, obliga a países como la Argentina a ofrecer protección por patentes en todos los campos de la tecnología, incluidos el farmacéutico y el biotecnológico", sostienen.
Además, advierten que "el acuerdo deja poco margen para excluir de la protección que confieren las patentes de invención a determinadas industrias por vía administrativa".
"El famoso artículo 27 del ADPCI establece una regla simple pero contundente: las patentes deben estar disponibles para cualquier invención, en cualquier campo tecnológico, siempre que sea nueva, tenga actividad inventiva y aplicación industrial", precisan Palazzi y Mitelman.
"Además, prohíbe la discriminación basada en el origen de la tecnología o en el sector productivo. Por ejemplo, desde la entrada en vigencia del ADPIC estaba prohibido que un país resuelva de antemano y sin previo análisis excluir de amparo a las innovaciones farmacéuticas", puntualizan.
Según los expertos, "esa cláusula de 'no discriminación tecnológica' es la que puso a la Argentina bajo la lupa. Aunque formalmente el país reconocía patentes farmacéuticas desde mediados de los años 90, en la práctica a partir del año 2012 instauró un sistema mucho más restrictivo. A través de una resolución administrativa, se limitó la registrabilidad de un amplio conjunto de invenciones farmacéuticas y biotecnológicas"
"Ese esquema fue impugnado judicialmente y criticado desde múltiples frentes, incluyendo especialistas en propiedad intelectual y de las industrias de investigación y desarrollo. Los cuestionamientos apuntaban a que la administración pública estaba sustituyendo el examen técnico por exclusiones automáticas y generales de patentabilidad, algo difícil de reconciliar con el ADPIC", advierten.
"El PCT es el gran sistema internacional para tramitar patentes. No crea una 'patente mundial', pero permite presentar una única solicitud internacional que luego puede entrar en fase nacional en más de 150 países", remarcan Palazzi y Milteman y enumeran que el PCT ofrece:
Según Palazzi y Mitelman, "cada Estado conserva la última palabra, pero el proceso se vuelve más previsible y profesional".
"No se trata de que por la sola solicitud internacional automáticamente se está solicitando la patente en todos los países miembro, sino que es el solicitante quien, en el petitorio, debe designar los Estados donde se busca protección (y se prevén supuestos de patentes regionales), los llamados 'Estados designado'", indica Tesone.
Palazzi y Mitelman remarca que "para empresas de Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados, el PCT facilita incluir a la Argentina en su estrategia global de protección de innovaciones tecnológicas. Para el INPI argentino (Instituto Nacional de Patentes Industriales), implica recibir solicitudes con antecedentes técnicos más sólidos".
"El resultado esperable es más solicitudes, mayor competencia, menor índice de copia ilícita, pero también un estándar más alto en la calidad del examen", remarcan.
"Para la industria nacional el impacto no es blanco o negro. Por un lado, hay desafíos: más presión competitiva y necesidad de invertir en innovación real. Por otro, hay oportunidades: mayor seguridad jurídica, mejor inserción internacional y la posibilidad de que desarrollos argentinos también usen el PCT para salir al mundo de manera mucho menos onerosa", aseguran Palazzi y Mitelman.
Tesone agrega que "a las empresas argentinas que quieren patentar en varios mercados, el PCT les da un expediente inicial único y etapas internacionales que hoy no existen en el trámite local, ahorrándose de esta forma gastos en la tramitación en cada uno de los países por separado con todo lo que ello implica: desde gastos administrativos en las oficinas de cada país hasta la contratación de profesionales nacionales para la tramitación de las mismas".
"Hay una clara señal que puede mejorar la inversión en el país y las alianzas, ya que el PCT ordena y estandariza el "paquete" de la patente desde el inicio, lo que hace que para un inversor o socio extranjero sea más fácil y rápido auditar la tecnología y decidir una licencia, joint venture o inversión", explica.
Sin embargo, advierte que "no garantiza que INPI otorgue la patente, ya que la decisión sigue siendo nacional, pero reduce fricción en el análisis y en la estrategia de protección en varios países".
También hay que tener en cuenta que "el PCT, al facilitar que extranjeros 'designen a Argentina' como país en el que quieren proteger su invento y así entren en fase nacional, puede aumentar el volumen de solicitudes que impactan en sectores productivos locales", alerta Tesone.
"La reforma sugiere un cambio de enfoque: de la excepción permanente a la normalización internacional. El debate ya no pasa por si conceder o no patentes en ciertos sectores, sino por cómo fortalecer la innovación local en un sistema que se vuelve, finalmente, previsible", concluyen Palazzi y Mitelman.