Un fallo del juez federal Jed Rakoff, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fijó un precedente que cambia el alcance de la inteligencia artificial tal y como lo conocemos hasta hoy. En una causa por fraude estimado en u$s300 millones, el tribunal resolvió que las conversaciones del acusado con un chatbot de IA no están protegidas por el privilegio abogado-cliente y pueden usarse como prueba en su contra.
El imputado generó más de treinta documentos con intercambios mantenidos con un sistema inteligente antes de su detención. En esos diálogos analizó su situación jurídica, evaluó escenarios y ensayó hipótesis defensivas. Luego compartió ese material con su equipo legal.
Cuando el FBI secuestró sus dispositivos electrónicos, la defensa intentó invocar el secreto profesional. El planteo no prosperó. El argumento del tribunal fue directo: esta tecnología no es un abogado, no posee matrícula, no asume deber fiduciario y no crea una relación profesional protegida.
El fallo fija un criterio técnico con impacto práctico. Si la comunicación no nace dentro del vínculo abogado-cliente, no adquiere ese carácter por el solo hecho de enviarse después al abogado. Lo dicho a un tercero sigue siendo comunicación con un tercero, aunque ese tercero sea un sistema automatizado.
Evidencia digital y riesgo probatorio
Más allá del debate doctrinario, el caso pone el foco en el riesgo probatorio. En investigaciones penales complejas, el secuestro de computadoras, teléfonos y respaldos en la nube forma parte del procedimiento estándar. En causas vinculadas con fraude financiero, activos digitales o estructuras societarias, la evidencia digital ocupa un rol central.
Si en ese material aparecen conversaciones con inteligencia artificial donde una persona reconoce hechos, especula sobre maniobras o diseña estrategias, esos registros pueden robustecer otras pruebas y fortalecer la hipótesis fiscal. El contenido no reemplaza al resto de la evidencia, pero puede darle coherencia y dirección.
Para que ese material ingrese al proceso, debe cumplir requisitos formales. Orden judicial válida, extracción forense adecuada, pericia informática, cadena de custodia e integridad de los archivos. Superado ese umbral, el chat deja de ser simple consulta digital y se convierte en pieza probatoria.
Impacto en Argentina y el ecosistema cripto
En Argentina, el secreto profesional protege la relación entre abogado y cliente dentro de ese vínculo específico. La protección no se extiende automáticamente a intercambios con aplicaciones abiertas o asistentes virtuales utilizados en forma individual.
En el ecosistema cripto y fintech, donde la innovación corre más rápido que la regulación, muchos actores recurren a herramientas de inteligencia artificial para evaluar compliance, estructurar operaciones o anticipar riesgos regulatorios. Esa práctica no es ilegal, pero tampoco es confidencial en términos procesales.
El precedente estadounidense no obliga a tribunales argentinos, pero instala un criterio que puede influir en debates futuros. La digitalización de la prueba y el uso masivo de IA plantean un nuevo frente para estudios jurídicos y departamentos legales corporativos.
"En la Argentina, cuando en una investigación penal se secuestra un teléfono celular o una computadora, el juez puede ordenar una pericia informática que incluye la extracción forense y el posterior análisis del contenido digital", precisa a iProUP el Dr. Jorge Monastersky, abogado y Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales U.M.S.A
"El juez o la fiscalía podrían requerir información directamente a la empresa proveedora del servicio (por ejemplo, una plataforma de IA como ChatGPT) mediante exhortos internacionales u otros mecanismos formales de cooperación", agrega el experto.
Monastersky recuerda que "el usuario presta consentimiento a determinadas condiciones de uso cuando interactúa con estas plataformas". Y puntualiza que, aunque eso no significa que el acceso sea automático ni irrestricto, "jurídicamente la posibilidad de requerimiento existe y el juez podría intentarlo sin dudas dentro del marco de una investigación penal".
El especialista pregunta: "¿tenemos la misma conciencia jurídica al escribir en una IA que la que tendríamos al dejar un mensaje en un chat o en un correo electrónico?".
La discusión no gira en torno a rechazar la tecnología. La inteligencia artificial ofrece eficiencia, velocidad y capacidad de análisis. El punto crítico es comprender sus límites jurídicos.
En contextos sensibles, el asesoramiento estratégico debe canalizarse a través del abogado y dentro del marco profesional correspondiente. Es el único espacio donde opera el privilegio con protección legal clara.
La prudencia digital pasa a integrar la estrategia defensiva. Lo que una persona escribe frente a una pantalla, incluso en un entorno automatizado, puede transformarse en evidencia en un expediente. En un mercado donde los datos valen oro y los dispositivos guardan cada interacción, la frontera entre consulta privada y prueba judicial resulta más delgada que nunca.
