Tras el fallo del juez Roberto Gallardo, las plataformas Rappi, Pedidos Ya y Glovo no podrán operar en la Ciudad de Buenos Aires.
Esto sucedió el viernes, cuando se ordenó la suspensión de sus actividades por incumplimiento de resoluciones judiciales.
La medida permite que la Policía les decomise las mercaderías que transporten los empleados de las tres firmas, hasta tanto "respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales". El fallo surge del reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm). "Estamos conformes con el fallo, si bien entendemos que, como vienen haciendo, las empresas no lo van a cumplir", dijo Maximiliano Arranz, de Asimm.
La entidad inició el proceso judicial "para combatir la precariedad laboral de quienes hacemos logística en dos ruedas, por una cuestión de seguridad, y para evitar que se destruyan fuentes laborales genuinas", explicó el dirigente sindical.
Ante esta situación, las tres firmas quedaron ante una disyuntiva, ya que si acatan el fallo admiten una relación laboral con sus empleados, algo a lo que se han negado de forma sistemática, y por lo tanto deberán reconocer el vínculo con los trabajadores. Lo cual implicaría el blanqueo de empleados que trabajan de manera precaria.
"El único resultado de la prohibición es más clandestinidad y más precariedad. Si este es el futuro del trabajo, vamos a pelear porque sea con los derechos que nos corresponden", indicó la Asociación de Personal de Plataformas (AppSindical) en su cuenta de Twitter.
En ese sentido señalaron que: "Estamos seguros que esta no es la solución a nuestros reclamos. Queremos derechos laborales y nos dejan sin trabajo".
"A quiénes protegen queriendo prohibir nuestro trabajo? A nosotros no. A qué interés responden? Al nuestro no. Somos los primeros en reclamar medidas de seguridad. Esta no es la forma de lograrlas", cuestionó la asociación sindical.
El origen de la sentencia pasa por un planteamiento para que las empresas cumplan regulaciones en la Ciudad en materia de higiene y seguridad. Hasta tanto no se garantice la seguridad de los repartidores, las tres empresas no podrán operar, sufrirán decomisos y multas de 10 mil pesos por cada infracción verificada.
Además, la resolución obliga a las tres empresas de delivery que presenten dentro de 48 horas la nómina del personal que realiza el reparto de mercaderías, acreditando su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales, indicó Minuto Uno.