Uruguay decidió dar un giro en su política de incentivos para la movilidad sustentable. A partir de 2026, se eliminará el reembolso en efectivo por la compra de vehículos eléctricos y, en su lugar, se entregarán cargadores portátiles a los usuarios.

Según explicó la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, el objetivo es motivar criterios operativos en lugar de solo reducir la barrera económica inicial.

"Hasta ahora había un beneficio cuando uno compraba un auto eléctrico y te devolvían una parte del pago. Ahora estamos pensando en que sea la devolución de un cargador eléctrico que sea portátil", detalló Cardona. Esta medida busca fomentar la carga domiciliaria y reducir la presión sobre la red de estaciones de carga pública.

El plan para "descomprimir" la red pública

La nueva estrategia oficial apuesta a facilitar el uso cotidiano mediante infraestructura práctica. El uso de cargadores portátiles permite a los propietarios cargar sus vehículos en diferentes ubicaciones sin depender exclusivamente de las estaciones de servicio.

Puntos clave de la nueva logística de carga:

El transporte público en la mira: Meta 2030

A pesar del cambio en los subsidios a particulares, el gobierno ratificó su compromiso con la descarbonización del transporte masivo. La meta establecida por el ministerio es alcanzar el 50% de la flota eléctrica de buses públicos para el año 2030.

Este ambicioso objetivo implicará una serie de licitaciones millonarias en los próximos años para la renovación de unidades, lo que impactará directamente en fabricantes de buses, proveedores de baterías y empresas de financiamiento. El transporte público se perfila así como el segmento donde la transición energética tendrá mayor volumen de inversión y visibilidad en el corto plazo

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