La inteligencia artificial está transformando de modo incontrovertible a la traducción en textos de gran volumen o bajo riesgo, como descripciones técnicas, documentos genéricos o contenidos repetitivos: los sistemas automáticos logran bocetos iniciales que luego requieren revisión humana.
Esto está generando una reconfiguración en la traducción como actividad económica (por business, antes que "negocio") y la consecuente reducción de encargos tradicionales para algunos traductores.
Por su parte, la American Translators Association (ATA), en su declaración oficial de mayo de 2025, afirma que el auge de los modelos de lenguaje (LLM) "subraya –no disminuye – la necesidad de lingüistas humanos expertos que posean las habilidades especializadas para abordar los desafíos de la traducción e interpretación" y señala que la IA puede ser útil para generar borradores o procesos repetitivos, pero con riesgos como inexactitud, inconsistencias y problemas de confidencialidad.
Hay quien afirma que la tarea del traductor está se está desplazando hacia la supervisión/corrección frente a lo que la inteligencia artificial generativa produce. Pero lo cierto es que uno puede pelearse con muchas cosas, menos con la realidad y el impacto económico ya se hace sentir.
Según la Society of Authors del Reino Unido, más de un tercio de los traductores afirma haber perdido encargos a causa de estas tecnologías, mientras que cuatro de cada diez reportan una disminución directa de sus ingresos.
En nuestro país, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, la figura del traductor público tiene una larga tradición vinculada a la seguridad jurídica.
Se trata de una profesión centenaria, cuyos inicios académicos se remontan a 1868 y que alcanzó estatus de carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires, hasta la posterior sanción de la ley 20305, creadora del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA).
Hoy, el traductor público continúa siendo la bisagra entre sistemas legales, administrativos y culturales y hasta ahora no hay mecanismos –ni siquiera mediante la inteligencia artificial generativa– que reemplacen la potestad de certificar fidelidad al texto original o a las intervenciones verbales de quienes celebran actos jurídicos o son parte de un proceso judicial.
De hecho, somos los únicos profesionales de la traducción habilitados para desempeñarnos como auxiliares de la justicia. Somos coadyuvantes de operaciones comerciales de empresas, emprendedores en las cuales el contenido lingüístico no puede "pasarse simplemente por ChatGPT, copiar o pegar". Ejemplos sobran:
Argentina se encuentra hoy día abierta a importaciones y, precisamente, para "sacar la mercadería del container" hace falta presentar la traducción pública. El organismo recaudador de impuestos está a cargo de llevar adelante el así llamado "blanqueo": esto a su vez amerita la intervención de un traductor público matriculado.
Por último, sabido es que muchos profesionales se van del país: es el traductor público quien valida ante una universidad extranjera los títulos y calificaciones de los profesionales argentinos.
El 30 de septiembre, en honor a San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, todos los traductores del mundo festejamos. En Argentina, nos sumamos a las celebraciones, nos reconvertimos y adaptamos a la tecnología, recurrimos a la IA como nuestra aliada, pero los traductores públicos, por sobre todo, preservamos dos cuestiones: el alto grado de especialidad y el poder de nuestra firma y sello. Es allí donde la IA no es suficiente.
*Cecilia Andrea Irrazábal es traductora Pública en idioma inglés. Canal de difusión: