Telegram, la popular aplicación de mensajería, finalmente no será prohibida en España, luego de varias idas y vueltas con la justicia del país europeo.
La Audiencia Nacional española confirmó la intención de dar marcha atrás definitivamente a la medida que buscaba prohibir a la app de mensajería en su territorio.
El juez del organismo judicial español Santiago Pedraz dejó sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería tras reconsiderar su postura y constatar que se trataba de una medida "no proporcional".
El magistrado revocó la orden de suspensión temporal acordada el viernes 22 de marzo, a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus , que acusaban a la plataforma de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional se da pocos días después de ratificar la suspensión temporal y de pedir un informe a la Comisaria General de Información de la Policía Nacional para aclarar el impacto de la prohibición de Telegram en territorio español.
Tras presentarse el informe, Pedraz concluyó que "se constató un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión".
Otro de los motivos alegados por el que el juez fue debido "al impacto económico que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma, puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas".
Pedraz considero también que el bloqueo de Telegram como "inviable", ante la facilidad que tendrían los usuarios de esquivarlo. "La medida no pudiera ser idónea por cuanto los usuarios podrían utilizar una red VPN o un proxy para poder acceder a Telegram", detalló.
La intención de la Audiencia Nacional de pausar la app inició el pasado 22 de marzo, luego de que las mencionadas empresas de telecomunicaciones la denunciaran por vulnerar los derechos de autor al permitir la difusión de su contenido, puntualmente sobre el audiovisual compartido a través de los diferentes grupos y canales.
Ahora queda en manos de la Comisión Europea comprobar si Telegram cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), al detallar que "tendrán obligatoriamente que responder por el punto de contacto en Europa para, como en el presente caso, requerirle la información precisa".
La suspensión temporal fue criticada por diversos ámbitos profesionales y políticos en España, como el Consejo de Ingenieros Informáticos y los partidos Vox (extrema derecha) y Podemos (izquierda) y expertos del sector digital.