La diputada de Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó en agosto el proyecto de ley 3189-D-2023 sobre la publicidad de los juegos de azar online y ahora solicita que se discuta y trate este proyecto para que avance la regulación y se proteja mejor a los ciudadanos.
A día de hoy, jugar en un casino online con dinero real es totalmente legal, pero puede hacerse solo en casinos autorizados por la autoridad reguladora del juego en la que resida el usuario.
Esta autorización, asegura aspectos importantes como la aleatoriedad e imposibilidad de manipular o trucar los juegos, la obligatoriedad de efectuar los pagos cuando el usuario gana y la obligatoriedad de hacer una verificación de identidad y titularidad de los métodos de pago antes de hacer un retiro.
Sin embargo, en opinión de los editores de BettingGuide esto no es suficiente y el Gobierno haría bien en regular la actividad publicitaria del sector del juego para evitar problemas.
Para la mayoría de las personas, el juego es un simple entretenimiento, pero en algunos casos vulnerables se puede convertir en un problema.
El proyecto de ley de Campagnoli trata de prevenir estos problemas con las siguientes medidas:
Si bien es lógico limitar la publicidad, no hay que ignorar la labor educativa que esta realiza. Más que limitarla, sería útil regular cómo debe ser. Si tomamos el ejemplo de los bonos de bienvenida, en muchos portales de internet que en el fondo se publicitan operadores de juego online se ofrecen explicaciones en profundidad sobre los bonos que aclaran más dudas que los problemas que pueden ocasionar.
Puede tener sentido prohibir los bonos de captación, como así ocurre en España, pero prohibir solo su publicidad puede tener efectos adversos como el tener unos usuarios que no los entienden bien y que han perdido recursos para informarse.
De los tres puntos anteriores, hubiéramos continuado más con la línea del segundo que con las prohibiciones de los puntos 1 y 3.
Se establece la obligatoriedad de:
Todas las medidas parecen adecuadas, aunque en realidad muchas son redundantes con regulaciones que ya existen como la comprobación de la edad o de la identidad del usuario que ya son obligatorias.
En el proyecto se establece como único medio de pago exclusivamente a través de tarjetas de débito emitidas por entidades bancarias.
Estamos de acuerdo en prohibir los pagos con herramientas de crédito como podrían ser las tarjetas, pero no vemos por qué no se puede permitir que un usuario haga sus pagos con una billetera electrónica si no se siente cómo ingresando los datos de su tarjeta en Internet. En nuestra opinión, siempre que se limite al débito, no vemos razón para no dejar elegir al usuario y aprovecharse de la economía digital.