Los trabajadores de las aplicaciones de delivery recibieron una buena noticia en Estados Unidos: entrará en vigor una ley que establece la disposición de un salario minímo para repartidores de estas plataformas en la ciudad de Nueva York.
En consecuencia, la legislación entrará en vigor. Hasta el momento, los empleados de estas empresas se consideraban contratistas independientes y no estaban bajo una relación laboral formal.
La decisión del juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Nicholas Moyne, estableció que las empresas Uber, DoorDash y Grubhub tendrán la obligación de pagar a los repartidores de comida que trabajen en la ciudad un salario de u$s18 por hora trabajada.
Además, se especificó que, en caso de las remuneraciones por envío, el minuto trabajado tendrá un costo de u$s0.50. Las apps mencionadas, y otras involucradas en el sector, pueden apelar la decisión, que rechaza su recurso para suspender la medida de la ciudad.
Desde DoorDash consideraron que "una tasa de remuneración tan extrema reducirá oportunidades y aumentará los costos para todos los neoyorquinos". Por su parte, Uber emitió un comunicado en igual sintonía, donde calificaron a la decisión como un golpe que "dejará sin trabajo a miles de neoyorkinos" y sostuvieron que "obligará a los mensajeros restantes a competir entre sí para repartir los pedidos más rápido".
El Gobierno Nacional, por su parte, busca avanzar de forma semejante. Recientemente, la ministra de Trabajo de Argentina, Raquel "Kelly" Olmos, anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso con el fin de ampliar los derechos laborales de los trabajadores que desempeñan actividades en plataformas digitales.
En una entrevista con El Destape Radio, la funcionaria resaltó que esta propuesta surge de una colaboración entre su gabinete y el Ministerio de Economía, dirigido por el candidato presidencial Sergio Massa.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), se estima que aproximadamente 180.000 trabajadores participan en plataformas digitales en todo el país.
En mayo, un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer un Registro Nacional Único y Obligatorio para los trabajadores de plataformas de aplicaciones bajo la jurisdicción del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El proyecto también indicó que estos trabajadores se ven obligados a adquirir por sí mismos todos los suministros necesarios para llevar a cabo su labor y carecen de derechos laborales básicos, como limitaciones en las horas de trabajo, aguinaldo y vacaciones.
La diputada María Rosa Martínez, quien lidera esta iniciativa, resaltó las condiciones precarias en las que estos empleados trabajan y la falta de protección gubernamental.
La Secretaría de Trabajo de La Rioja también presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer regulaciones para este tipo de plataformas de entrega de comida que operan en la provincia.
El proyecto busca abordar desafíos en un mercado caracterizado por relaciones laborales informales y un alza en los accidentes de tráfico, problemas que se agravaron luego de la pandemia.
La propuesta, que se espera sea aprobada por la mayoría del Partido Justicialista en el órgano legislativo, incluye disposiciones para supervisar la formación en seguridad vial de los repartidores y establecer controles sobre las condiciones laborales por parte de las empresas, a cargo del oficialismo riojano.
"La intención es regular la actividad, controlarla y creemos que el Estado debe intervenir en el sector. Hay mucho reclamo por el tema de los accidentes y los delivery", remarcó el legislador por la Capital, Carlos Machicote.
Mientras tanto, el presidente del bloque Justicialista expresó que buscaban abordar la fragmentación presente en el sector con el objetivo de regular y supervisar el ecosistema de delivery.
En un principio, la Secretaría de Trabajo se encargaría de supervisar las condiciones laborales y proporcionar capacitación en seguridad vial.
Además, el gobernador Ricardo Quintela firmó un acuerdo con la compañía "Rappi Argentina", con el objetivo de "brindar ventajas a los repartidores de plataformas digitales, tales como créditos y programas de formación".
Por su parte, la vicegobernadora Florencia López declaró: "con esta firma de convenios, estos trabajadores de plataformas podrán acceder a una serie de beneficios como capacitaciones en seguridad vial y un crédito con una tasa subsidiada por el Gobierno de la provincia para que puedan, por ejemplo, cambiar su moto o bicicleta".