El oficialismo de la provincia de Buenos Aires convocó a una sesión urgente para tratar el polémico proyecto de regulación de empresas de delivery como Rappi, Pedidos Ya, entre otras.
El senador Omar Plaini tomó la iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado durante el año pasado y ahora busca su tratamiento en la Cámara de Diputados provincial.
El segundo artículo del proyecto de ley exige la creación de un registro obligatorio de trabajadores de aplicaciones, en el cual las empresas tendrían la responsabilidad de inscribir tanto a los trabajadores como a los vehículos utilizados, sólo con fines informativos.
No obstante, en los artículos 6 y 7, la propuesta establece que el registro entregará un "certificado habilitante" para el trabajador y su vehículo, que será no transferible y establecerá que el Poder Ejecutivo "deberá" fijar condiciones y requisitos de inscripción.
Además, el gobierno, deberá establecer plazos de inscripción y exigir a las personas jurídicas, empleadores, prestadores titulares y plataformas intermediarias informar sobre el horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también sobre la aseguradora de riesgo de trabajo.
Según Sergio Siciliano, diputado del PRO por la quinta sección electoral y autor de un proyecto alternativo para regular la operatoria de las apps, esa redacción "abre la puerta a que sea el gobierno provincial el que fije las condiciones de contratación y convertirlos en empleados en blanco de las compañías".
En caso de que se apruebe la ley, las empresas Rappi y Pedidos Ya serían las más perjudicadas, ya que según él, manifestaron que abandonarían sus actividades en la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a más de 25.000 trabajadores.
"Esto afecta también a todo el sector gastronómico, cuya venta de delivery tiene un peso de 30% del total e incluso a aquellos establecimientos que tienen su propio delivery", resaltó Siciliano.
La discusión sobre cómo deben ser reguladas las plataformas de delivery se está dando a nivel global. En Argentina, particularmente, hay dos posicionamientos predominantes: quienes sostienen que debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo y los que consideran que debe crearse un régimen específico.
Juan Carlos Cerrutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 29, indicó a iProUP que la pregunta que se hace trata de responder cuando se cuestiona este modelo es: ¿qué tipo de vínculo existe entre quienes aportan el servicio (repartidores) y los dueños de las aplicaciones: relación de dependencia o son trabajadores autónomos?
"En Argentina hay varias sentencias de primera instancia en las que se estableció que hay relación de dependencia. Sin embargo, en segunda instancia los juicios fueron conciliados y no existe un fallo laboral definitivo. Esto genera que no haya una jurisprudencia fuerte respecto al tipo de relación laboral", sumó Cerrutti.
Y para concluir añadió: "Creo que hay que ir a un modelo de protección con derechos laborales, como ART, vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por enfermedad y contemplando también este modelo de negocio particular".