La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fortaleció la fiscalización de la minería de criptomonedas a través de una serie de procedimientos en granjas de Río Cuarto, Córdoba.
El organismo efectuó los controles para evitar maniobras de evasión impositiva para los que solicitó la documentación relacionada con la importación de los equipos e información de las recompensas obtenidas.
La AFIP encontró 57 "rigs" de minería con 342 placas de video con un valor de mercado de u$s420.000 y un gasto en energía superior a los $2 millones mensuales.
Los agentes detectaron contribuyentes con altos consumos de electricidad, quienes adquirieron los equipos usados en la minería de criptoactivos desde el exterior.
Así lo indicó la información de las áreas especializadas de las Direcciones Generales Impositiva (DGI), de Seguridad Social (DGRSS) y Aduanera (DGA).
La AFIP realizó también durante la semana un allanamiento en una granja de la localidad de Lisandro Olmos, en la provincia de Buenos Aires.
La misma funcionaba en un establecimiento que no tenía un registro que describiera la actividad que se realizaba, según comunicaron desde la agencia a un medio local.
Ese operativo fue realizado en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Dirección Regional La Plata.
Lo que encontraron los organismos fue un total de 142 rigs de minería de criptomonedas con 1.355 tarjetas gráficas (GPU) instaladas y minando.
Pero de acuerdo con lo expresado por la AFIP, la granja no tenía el respaldo de patrimonio necesario para poder adquirir el hardware minero en su totalidad.
En la Argentina, no es ilegal la minería de Bitcoin y otras criptomonedas, sino que lo las autoridades apuntan contra las granjas en sí.
La AFIP investiga sobre asuntos como la declaración de activos, la procedencia del dinero usado para invertir en hardware e instalaciones y el destino de las recompensas que se obtienen en la minería.
En los últimos días, la Administración Federal encontró una granja oculta en una cámara de refrigeración, en la que se suponía que se almacenaban frutas.
Las investigaciones identificaron a un contribuyente que había importado el equipamiento específico para la criptominería. Para ello, utilizó a la empresa de la que es socio para importar bienes de una actividad no declarada bajo la Capacidad Económica Financiera (CEF).
Al investigar el lugar en el que funcionaban los equipos, se pudo identificar la billetera virtual con la que operaba para la comercialización de las criptomonedas.
Los equipos de minería se localizaron en un domicilio en San Juan, que figura a nombre de la madre del responsable.
Allí se determinó que el medidor registraba consumos relevantes de energía eléctrica.