El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para potenciar a todas las actividades vinculadas a la industria del conocimiento, que se beneficiarán con estímulos impositivos, duplicarán sus exportaciones en los próximos 10 años y generarán más de 200.000 puestos de trabajo.

El proyecto que firmará el presidente Mauricio Macri reemplazará a la vigente Ley de Software y sumará nuevos sectores (biotecnología, robótica, servicios audiovisuales y geología, entre otros) de la industria del conocimiento, que se ha convertido en una de las áreas más pujantes de la economía.

"El Presidente (Mauricio Macri) está firmando un borrador del proyecto de Ley de Conocimiento que estamos enviando al Congreso para su tratamiento ", señaló Sica esta mañana durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

 

El ministro realizó este anuncio acompañado por el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y empresarios del sector beneficiado por este proyecto.

"Es un trabajo que venimos realizando hace un año y lo trabajamos en equipo, no sólo con otros ministerios sino con los propios empresarios del sector. El impacto fiscal estará en el orden de los 3.500 millones de pesos, que formará parte del Presupuesto previsto para el año que viene", remarcó Sica.

La norma fue presentada y diseñada con el objetivo de crear 215.000 puestos de trabajo de calidad y mejorar el perfil exportador de los u$s6.500 millones actuales a unos u$s15.000 en los próximos diez años.

"La economía del conocimiento está transformando el mundo. Tenemos ventajas competitivas para liderar la región con estas actividades, creando empleo de calidad y mejorando la competitividad", añadió Sica.

Mayer detalló los puntos más salientes del proyecto de ley, haciendo hincapié en "las mejoras sustanciales que se presentan respecto a los beneficios impositivos y fiscales de la Ley de Software¨.

"Para acceder a los beneficios hay que reunir una serie de requisitos que en este nuevo proyecto han sido simplificados, con especial consideración por las pymes y microempresas, que a partir de ahora podrán acceder solamente demostrando que el 70% de su facturación se vincula con la actividad", explicó Mayer.

Otro beneficio que se incorpora es la "posibilidad de aplicar el bono de crédito fiscal (se podrá transferir por única vez) no sólo a cuenta del Iva sino también en el Impuesto a las Ganancias".

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"Vamos a permitir que las retenciones que se hagan en los países importadores de nuestros servicios se puedan descontar del Impuesto a las Ganancias hasta tanto avancemos en los convenios de doble imposición", aclaró el secretario de Emprendedores y Pymes.

En el Ministerio de Producción aseguran que "el impacto de este proyecto tiene alcance federal ya que la economía del conocimiento viene creciendo en todas las regiones del país, con centros de desarrollo e innovación en Tucumán, Chaco, Bariloche y Misiones".

El presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman, recordó que "los países hoy compiten por el conocimiento y en la medida que avance este proyecto es absolutamente viable que se generen 200.000 puestos de trabajo".

Por su parte, la directora de la Cámara Argentina de Biotecnología, Graciela Ciccia, indicó que "es una muy buena señal para la aparición de nuevas empresas. Creemos que en este caso el Estado ha escuchado las necesidades del sector productivo".

El CEO de Globant, Martín Migoya, destacó que "es una oportunidad histórica porque no hay un límite en cuanto a la demanda del trabajo argentino. Además estoy feliz porque esta nueva ley tiene previsto expandirse hacia nuevos sectores".

Por último, el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, Aníbal Carmona, subrayó que "estamos ante la ley de la creación del empleo del futuro, podemos decir que es la Vaca Muerta de la gente".

Todos los empresarios, además, coincidieron en la necesidad de avanzar con un criterio de perspectiva de género.

¿Se aprobará?

El proyecto será enviado al Congreso, pero el debate podría estar enrarecido con cara a las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, todo parece prever que será aprobada.

"Hay que ver los tiempos parlamentarios en un año electoral", anticipa Carlos Pallotti, especialista en Políticas Tecnológicas y Desarrollo Productivo y ex Subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción, función que desapareció después de la última reorganización ministerial.

"La ley debería tener consenso. El Gobierno dice estar interesado y para la oposición kirchnerista sería una ampliación de leyes que se promulgaron bajo su administración. También también toca temas de interés que el Peronismo Federal promueve", agrega.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto de beneficios impositivos puede generar conflictos en un año electoral y en un escenario de severas restricciones fiscales. "Debería tener mucha fuerza del Ejecutivo", sostiene Pallotti.

Por su parte, Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Asociados, señala: "Durante 2018 trabajamos en conjunto con las autoridades nacionales y con otras industrias en la elaboración del proyecto. El desafío es que no quede en el papel".

Desde FIEL remarcan que desde la aprobación de la Ley de Software, la creación de compañías del sector triplicó la del resto de la economía nacional. El crecimiento del trabajo también fue positivo, al presentar una tasa anual promedio del 9,4%, comparado con el 3,5% estimado para el sector privado en su conjunto.

Ahora bien, ¿cuánto costó promocionar el software? El estudio ofrece un panorama. Los incentivos impositivos para el sector fueron del 0,021% del PBI en 2017, frente a, por ejemplo, la promoción económica de Tierra del Fuego (0,26% del PBI).

En términos internacionales, la cifra es baja frente al 0,15% que ofrecen países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

La proyección indica que la promoción habría producido un estimado de ventas adicionales por $62.000 millones (valores totales del período 2006-2017 actualizados al año 2018) e impuestos adicionales por $13.400 millones de 2018.

Este plus de recaudación es inferior al gasto tributario. Sin embargo, el efecto neto de recaudación es un costo tributario neto de $228 millones por año, monto relativamente marginal comparado con los beneficios adicionales producidos (ventas, empleo y exportaciones).

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