La Justicia porteña suspendió hoy el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas como Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.
iProUP se puso en contacto con fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar sobre el tema.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema demonitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron nueve millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
"El sistema de reconocimiento facial viola derechos humanos y no hay lugar para el mismo en un estado de derecho", aseguró el abogado Victor Castillejo en diálogo con iProUP.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema dereconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.
Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño..
Pero este sistema nunca estuvo excento de polémicas. En 2019, en pleno lanzamiento de la plataforma, San Francisco, una de las ciudades más innovadoras del mundo, decidió prohibir el uso de esta tecnología.
"Es importante analizar lo que es San Francisco y qué significa como ciudad. Hay un porcentaje enorme de personas que se benefician por el desarrollo tecnológico, pero también ahí tienen sus sedes algunas de las organizaciones civiles que protegen los datos de los usuarios", explica a iProUP Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, ONG dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.
Y agrega: "Si San Francisco, que es la cuna de muchas de las mentes más brillantes del mundo, está haciendo esto, hay que prestar atención. Esta es una demostración de lo abusivas que son estas tecnologías, que por otra parte violan los derechos. Tenemos que aprender a ser cautelosos y observar más de cerca estas medidas".
Pero la polémica no termina ahí, ya que los expertos se disputan sobre los límites de la tecnología. "Diversos estudios sociológicos afirman que cuando una persona advierte que hay una cámara modifica su comportamiento", esgrime Leandro Ucciferri, abogado e investigador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Y añade: "Se le coarta la libertad. A la vigilancia estatal se suma el control sobre el comportamiento en ese espacio. Es simplista decir que los malos van a ser apresados bajo esta forma".
Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consultade los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como 'request' que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permitegenerar un mapa biométrico.
Cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.
El sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos es una extensión del Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad y operaba en forma rotativa sobre parte de las cámaras dispuestas en todo el territorio porteño.
Estos mecanismos se encuentran enmarcados en el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad. El proceso de renovación de cámaras comenzó hace cuatro años y tiene como finalidad dotar de más herramientas y tecnología a la Policía de la Ciudad, con el fin de brindar mayor seguridad a todos los vecinos.
Todo el proceso se realiza mediante una tecnología de reconocimiento facial a partir de cámaras implementada en la ámbito de la CABA, que genera alertas de detención de personas buscadas exclusivamente por orden judicial (o una llamada "lista negra", que se encuentran incluidos en una base de datos y registros del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC)
En caso de no contarse con fotografías de la persona requerida por la orden judicial de restricción se incluirá en la base del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos la que estuviere incorporadas en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El sistema generará alertas de coincidencias únicamente respecto de personas incluidas en la base de datos del CONARC encontrándose prohibido incorporar otras fotografías y registros, salvo orden judicial debidamente fundada.
En su resolución firmada hoy, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se tratara depersonas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia".
Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sidomanipulado para obtener información indebida.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022", aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.