Apenas una semana después de que Uruguay abriera las fronteras para los argentinos que fueran propietarios de inmuebles en ese país, el éxodo hacia tierras orientales comenzó con todo. Y la cifra aumentará cuando la apertura sea total en noviembre.
El propio embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, señala que unos 6.000 argentinos pidieron la residencia migratoria en la nación vecina, al tiempo que la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) estimó que unos 1.800 de ellos también pidieron su baja como contribuyentes.
Ricardo Domínguez, de Rica Consultores, explica a iProUP que las dos formas de obtener la residencia fiscal son consiguiendo la residencia migratoria y mudándose efectivamente, o pasando 12 meses en ese país.
"El contribuyente que decide adoptar la residencia fiscal uruguaya tiene que tener un determinado fiscal, en concreto, estar decidido a abandonar su país de origen, con todas las implicancias familiares que esto tiene. Por este motivo, los dos casos clásicos son los de quienes mudan su negocio o bien personas de más 60 años con ingresos del exterior", precisa Domínguez.
"En años anteriores, se mudaban al país vecino brasileños y peruanos, pero los últimos años, la inestabilidad económica empujó sobre todo a argentinos a cruzar el río, aun con grandes sacrificios familiares", enfatiza.
La residencia migratoria o legal es un proceso administrativo que se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de ciudadanos del Mercosur, o ante la Dirección Nacional de Migración, para quienes hayan nacido fuera del bloque continental.
"Tiene que sacar la residencia migratoria todo extranjero que desea residir en forma temporaria o permanente para obtener la regularización de su estadía y la obtención de la cédula de identidad uruguaya", asegura Domínguez.
El experto remarca que en la actualidad "la residencia legal es el trámite que habilita a cualquier persona del exterior a ingresar a Uruguay cuando desee y pese a cualquier coyuntura que limite nuevamente el ingreso de extranjeros", añade.
"Por esa razón, recibimos muchas consultas al respecto y hemos asesorado en la gestión a cientos de personas que tramitaron su residencia, la gran mayoría proveniente de Argentina", comenta.
El trámite incluye la confección de documentos, emisión de certificados notariales, confección de las declaraciones juradas que marca la normativa para solicitar el ingreso al país, la solicitud de residencia legal, obtención de la cédula de identidad y gestión de beneficios por residencia fiscal.
Sebastián Mancuso, del Grupo GNP, remarca a iProUP que los contribuyentes que opten por solicitar la baja de la residencia fiscal en Argentina frente a la AFIP deberán cumplir uno de los dos siguientes requisitos:
Mancuso remarca que "la vigencia de la baja fiscal comienza a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel que se adquiera alguno de esos requisitos".
"En cuanto a dónde acreditar la baja, puede ser en AFIP o ante el Consulado argentino en Uruguay, dependiendo si el trámite lo inicia antes o después de ausentarse de territorio argentino", afirma.
Según Mancuso, las principales implicancias conservar la residencia en la Argentina es que deben determinarse los siguientes impuestos que se seguirán abonando:
Además, el experto advierte que se debe tener en cuenta el riesgo de una nueva edición de Aporte Extraordinario sobre la totalidad de los bienes, aunque lo considera "improbable".
En cambio, remarca Mancuso, perder la residencia fiscal argentina tiene las siguientes implicancias:
En diálogo con iProUP, Daniel Lejtman, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc., se refiere al "día después" de la adopción de la residencia fiscal en Uruguay.
"El contribuyente solicita su baja, teniendo en cuenta todo lo considerado anteriormente, pero luego la AFIP relevará si se justifica dicho cese como contribuyente fiscal", alerta Lejtman.
"La AFIP tendrá en cuenta si uno es contundente con su lugar de residencia, observando dónde está el centro de intereses vitales o contando la cantidad de días en el año", puntualiza.
Y remarca que entre las pautas del ente recaudador se destacan "revisar la validez de la baja, verificar que la persona haya gestionado el cambio de domicilio en su DNI y que haya designado un responsable sustituto para presentar declaraciones juradas".
"Todo esto no excluye que la AFIP emprenda tareas de fiscalización y monitoreo posteriores a la baja concedida al contribuyente", alerta Lejtman.
Domínguez enumera los principales negocios buscados plazas uruguayas, en zonas francas o no, para desarrollarse tras abandonar Argentina:
Domínguez remarca que un párrafo aparte es el sector del real estate, donde "se mantuvo activa la compra de terrenos por parte de firmas promotoras y de extranjeros que buscan los terminados, estamos yendo a una situación de falta de oferta".
Esto se explica en buena parte a los beneficios impositivos tanto para la vivienda social como para edificios a partir de u$s2,2 millones y que cumplan ciertos requisitos respecto de los espacios comunes, entre otros.
En este caso, tiene franquicias el promotor y en la vivienda social, también el inversor, con exención de los impuestos a la Renta y al Patrimonio por nueve años a partir de la entrega de la obra.
Domínguez remarca que la tasa de retorno por un alquiler en Uruguay es de 4% o 5% en dólares, sin considerar el aumento del valor del inmueble.
A partir de noviembre, Uruguay continúa con la apertura de sus fronteras al turismo extranjero, ya que actualmente sólo pueden ingresar los propietarios de inmuebles.
Para entonces, se espera que estén en plena vigencia los siguientes beneficios tributarios a turistas, enumera Domínguez:
"La aplicación de todos estos beneficios fiscales corresponden a servicios prestados a consumidores finales, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito o crédito. La empresa emisora del plástico deberá incluir en el resumen el descuento que figure en el ticket emitido por el POS", apunta Domínguez, quien remarca otras ventajas:
Los expertos esperan buenos años para Uruguay por la estabilidad política y económica, y la seguridad jurídica que ofrece esa plaza para los negocios.