En el contexto de la apertura del año judicial, Dalmiro Garay, presidente del Máximo Tribunal de Mendoza, oficializó la digitalización de los procesos de justicia que conlleven expediente para todas las instancias y juzgados. Así, el expediente digital regirá a partir del 1 de agosto de este año.
En su discurso, Garay apuntó a la pandemia como un factor clave para el desarrollo del proceso: "las consecuencias irremediables de la pandemia impusieron a esta Corte la necesidad de lograr herramientas que aseguren un verdadero equilibrio entre el acceso a la justicia de los mendocinos y mendocinas".
De esta forma, anunció que "el Poder Judicial a partir de esa fecha en adelante prescinde del expediente papel, para pasar a un nuevo modelo de gestión de procesos, más ágil, más transparente, más seguro y más sustentable".
El poder judicial provincial direccionó gran parte de sus objetivos hacia el avance definitivo a la despapelización, sobre el cual Mendoza tenia sus ojos puestos desde hace ya un tiempo.
De este modo, el cuerpo jurídico aceleró todos los procesos y desarrollos tecnológicos, de los cuales el Presidente de la Corte dio algunos detalles.
"El primer día de Aislamiento efectivo, comenzamos a trabajar con la metodología de teletrabajo con 10 usuarios de VPN. Esos 10 usuarios llegaron a 600 para el mes de mayo y en la actualidad son 3000, lo que permite que las y los empleados, funcionarios y magistrados puedan trabajar en modo home office", ejemplificó.
También, el funcionario de la corte, confirmó el desarrollo del primer software nativo del Poder Judicial. Se trata del sistema de expediente electrónico LED, elaborado por personal del Fuero Penal Colegiado y la Secretaría de Modernización de la Corte.
En la ceremonia de apertura en la corte, estuvo también presente Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, que avaló el trabajo realizado por la secretaría de modernización y los respectivos juzgados a cargo del desarrolló del expediente digital.
Por otra parte, adelantó reformas en el sistema judicial provincial para 2021, entre las que se incluyen la creación de una comisión para la ampliación de los juicios por jurados populares a otros delitos del fuero penal y la atribución de plena de la Suprema corte para conflicto entre poderes del Estado.