Para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Argentina necesita una regulación de los servicios TIC equilibrada y sustentable, basada en criterios técnicos y que dé certidumbre a largo plazo, para proteger el desarrollo de las inversiones que garanticen servicios de calidad, continuar el despliegue de redes y la reducción efectiva de la brecha digital.
La asociación plantea que se requiere de confianza entre sector público y privado como base de un diálogo que permita contar con un entorno que habilite y promueva las condiciones para que cada vez más argentinos y argentinas accedan a mejores servicios.
"Desde ASIET expresamos nuestra profunda preocupación por la sucesión de decisiones en materia regulatoria que amenazan la sostenibilidad de una industria que debe considerarse un aliado estratégico para el crecimiento y el desarrollo del país", afirmó el comunicado.
La situación en Argentina representa una anomalía en la región, y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios de todo el ecosistema digital.
Un control de precios discrecional para todos los servicios y planes de un sector en competencia no sólo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas, al hacer insostenible su operación en un contexto de altísima inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios, al ahogar a los proveedores de un servicio que se considera esencial.
"No es sostenible que con una inflación anual del 36.1% -de 26.2% en el periodo de abril a diciembre durante el cual permanecieron congelados todos los precios de los servicios TIC (en el caso del servicio móvil prepago la congelación de precios rigió desde fines de 2019)-, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5% para todos los servicios, insuficiente para cubrir sus costos reales", agregó el comunicado.
Además, dice que: "considerando además que la devaluación superó el 40%, lo cual afecta a una industria con buena parte de sus insumos en dólares. No es conveniente que se mantenga la incertidumbre para los próximos meses, cuando se espera que la inflación aumente otro 12,5% en el primer trimestre".
Desde su lugar, ASIET comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales, pero mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto, sino generando las condiciones necesarias para que más y mejores servicios lleguen a más argentinos y argentinas.
Esto es responsabilidad del sector privado, a través inversiones en redes y la puesta a disposición de diversas alternativas comerciales; de sus contribuciones al Fondo de Servicio Universal; y de las medidas temporales acordadas por la coyuntura de emergencia relativas al acceso a sitios educativos o a la conectividad en puestos sanitarios.
Como también es responsabilidad del sector público, con el uso integral y asignación eficiente de los fondos de Servicio Universal, y otras soluciones de política pública y regulatoria que brinden acceso a la población vulnerable (debidamente identificada), y garanticen las condiciones de desarrollo de un mercado con potencial de traccionar al conjunto de la economía hacia el crecimiento.
La industria de las telecomunicaciones en Argentina, conformada por más de 1200 operadores en competencia, que generan miles de empleos directos, ha dotado al país, a través de inversiones sostenidas en los últimos años, de redes en constante crecimiento en cuanto cobertura y capacidad, que han sostenido la conectividad durante los peores momentos de la pandemia y el aislamiento social.
Las redes de telecomunicaciones han permitido la continuidad de la actividad económica, educativa, de relacionamiento social y de entretenimiento. A su vez, la transformación digital y el uso productivo de las TIC está directamente relacionado con las oportunidades de recuperación económica, por lo que contar con un sector telecomunicaciones fuerte es garantía de desarrollo y beneficio para toda la ciudadanía.
Por último, ASIET entiende que deben revisarse las medidas mencionadas, recuperar el tono de diálogo y alcanzar soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos que permitan a la Argentina asegurar la sustentabilidad de la industria a fin de garantizar el acceso a cada vez más ciudadanos y continuar expandiendo y mejorando la calidad de los servicios.