Luego de conocerse las diferentes apuestas de polos tecnológicos como Sunchales en Santa Fe o la gran apuesta de la Provincia de Córdoba que es la cuna de muchas empresas 4.0, hoy se difundió que el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón aprobó la creación del Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación (Distrito TECI), un espacio para fomentar las tecnologías de la información, la industria del conocimiento y el desarrollo de software y los servicios informáticos.
De acuerdo con la ordenanza aprobada, se constituirá un régimen promocional para la construcción de obras nuevas y/o ampliaciones existentes en el polígono conformado por las calles San Martín, Guido, Tres de Febrero y Chile, de cuatro barrios de la ciudad: Don Bosco, Estación Norte, Sarmiento y Nueva Pompeya, se informó en un comunicado.
"Mar del Plata va a tener Distrito Tecnológico, un nuevo espacio que va a transformar la zona y sobretodo va a representar más trabajo para los marplatenses, más diversidad a nuestro sector productivo y un empuje para la industria del conocimiento que viene creciendo muchísimo en nuestra ciudad", afirmó el intendente Guillermo Montenegro, quien agradeció a todos los sectores; "que trabajaron para crear este proyecto que hoy empieza a hacerse realidad".
La Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma) también destacó esta importante noticia. Su presidente, Bernardo Martínez Sáez, expresó; "éste es un gran paso para el futuro de Mar del Plata y para el futuro del empleo en Mar del Plata ya que más de 800 ciudades del mundo cuentan con distritos o parques tecnológicos".
"Junto con estos pasos concretos vemos también cómo se está incrementando y acelerando el fomento de este tipo de carreras. Es algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo y eso impacta directamente en el empleo, uno de los temas principales que siempre golpeó a nuestra ciudad", agregó.
"Nosotros confiamos en que la economía del conocimiento, junto con estas carrera y los chicos que empiecen a creerse transformadores o creadores de tecnología y no sólo usuarios, nos va a dar una Mar del Plata como la que todos buscamos", concluyó el titular de Aticma.
El Gobierno sigue reglamentando a cuentagotas y con marchas y contramarchas la Ley de Economía del Conocimiento.
Por lo pronto, emitió una norma que puede dejar prácticamente afuera de los beneficios del régimen a muchos servicios profesionales. Esto ocurre porque entre los requisitos que tienen que cumplir quedaron muy limitados los gastos en capacitación interna.
Esto perjudica especialmente a estudios grandes y multinacionales. En cambio, las compañías medianas que exportan servicios tienen formas jurídicas para aprovechar los beneficios de la ley, ya que pueden crear sociedades satélites para vender al exterior. A esa estructura más chica se le facilita cumplir las exigencias con una capacitación externa.
Otra limitación a los servicios profesionales de exportación aparece cuando se combinan con desarrollo de software. La noticia cayó como un balde de agua fría en varios players de esta rama de actividad, luego de que en diciembre el Gobierno llevara a tasa cero los aranceles para la exportación de servicios.
Por otra parte, todos los rubros siguen reclamando una reglamentación definitiva que ponga operativos el régimen de promoción.
Micaela Aisenberg y Gabriel Socolovsky, asociados del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, enumeran los requisitos que establece la Ley de Economía del Conocimiento para acceder al régimen:
"La Resolución 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada el 14 de enero, indica que se entenderá como inversión a las erogaciones que la empresa realice en la capacitación de sus empleados", indican a iProUP Aisenberg y Socolovsky.
Según los expertos, esto contempla "tiempo, dinero o recursos destinados a la formación de personal propio o de terceros, debiendo alcanzar el porcentaje establecido sobre la masa salarial bruta correspondiente a los empleados afectados a la actividad promovida.
"La nueva norma dispuso un listado de gastos computables a los efectos del cumplimiento de este requisito", añaden isenberg y Socolovsky.
Por su parte, Lucas Gutiérrez, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, revela a iProUP: "El Gobierno también prevé ahora que se podrá computar el monto total invertido en los 12 meses o bien el promedio anual de las inversiones realizadas en los últimos 24 meses inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción".
"Esto es algo muy positivo, porque funciona de paliativo por el tiempo en que el régimen no se aplicó", opina Guitiérrez.