El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su par de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, María Reyes Maroto Illera, firmaron hoy un memorándum de entendimiento para promover y fortalecer la integración tecnológica de la industria 4.0 en ambos países. Del encuentro también participó el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.
El acuerdo, que se selló en el marco de la apertura del III Congreso Internacional de Industria 4.0 realizado de manera virtual, también tiene entre sus objetivos el fomento de la transformación digital de la industria; la colaboración público-privada para que las PyMEs puedan trazar una agenda que les permita acelerar los procesos de transformación digital y el avance hacia la consolidación de una economía 4.0.
En este sentido, el ministro Kulfas sostuvo: "Hoy España y Argentina dan un paso firme en entender que el mundo ya no será el mismo que antes y que requiere de nuevas respuestas. Ambos países hemos reconocido la importancia de la industria 4.0 para la recuperación de nuestras economías, tanto en sectores vinculados a la economía basados en el conocimiento como la incorporación de procesos de digitalización y nuevas tecnologías en sectores tradicionales".
Y reconoció la "importancia que reviste para las micro, pequeñas y medianas empresas la incorporación de tecnologías que aumentan su capacidad productiva y competitividad y el potencial que significan las herramientas digitales para dar saltos de escala y eficiencia".
Además, consideró un "hito" la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento "en lo que ha sido una política de Estado y supone importantes beneficios fiscales para todos los sectores de alta tecnología de nuestro país. Al igual que España, estamos impulsando un marco normativo para promover la adopción de soluciones 4.0 en el sector público con especial énfasis en la transformación productiva y las posibilidades de desarrollo tecnológico industrial".
Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, María Reyes Maroto Illera resaltó que este memorandum "refuerza un mensaje muy importante: la digitalización en este momento no es una opción sino una necesidad para garantizar la competitividad de la industria en nuestros países".
Y puntualizó que este acuerdo "permitirá estrechar la colaboración entre ambos países en el ámbito de la industria 4.0 en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo. La crisis sanitaria nos ha obligado a adaptarnos a cambios disruptivos y acelerar las tendencias de transformación en nuestras sociedades económicas. En este nuevo escenario las tecnologías digitales se erigen en una pieza clave para promover un sector industrial competitivo, resiliente a futuros entornos impredecibles y cambiantes que coadyuvan en la recuperación económica y afianzan un nuevo modelo económico digital, económico e inclusivo".
El anuncio va de la mano de la promulgación de la Ley 27.570, de Economía del Conocimiento, sancionada el 8 de octubre pasado, a través del Decreto 818/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La normativa busca alentar la generación de nuevos emprendimientos o mejoras de los servicios que brindan estas empresas de tecnología, con la promoción de beneficios fiscales que se otorgarán en forma segmentada.
De acuerdo con lo establecido por la ley, sancionada el 8 de octubre pasado por la Cámara de Diputados, el régimen de promoción estará vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.
Las actividades comprendidas son la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
Se podrán adherir las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país.
Las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año esté vinculadas a las actividades promovidas. En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
Los beneficiarios deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las micro empresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.
Las empresas que inviertan en capacitar a desocupados menores de 25 y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
Otro requisito que deben cumplir es realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos 4% para las micro, 10% para las pymes y un 13% para las grandes empresas.
Los beneficiarios de la ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.
Dichos bonos podrán ser utilizados por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales.
El bono de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la ley.
El beneficio ascenderá al 80% de las contribuciones patronales cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales de mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; o personas residentes de "zonas desfavorables".
Además, la ley crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.