La Legislatura porteña sancionó hoy modificaciones a la Ley de Seguridad pública para, entre otros puntos, regular el uso de la tecnología de reconocimiento facial que serviría para detectar y detener prófugos de la justicia, un método objetado por organismos de derechos civiles y actualmente en discusión en varias ciudades del mundo.
La iniciativa fue aprobada con 39 votos de diputados del oficialismo porteño y aliados, mientras concitó el rechazo de 18 legisladores de los bloques de la izquierda y del Frente de Todos.
El trámite legislativo fue, en este caso, peculiar: el proyecto fue presentado oportunamente por la legisladora Claudia Neira (FdT) y se trató en las comisiones de Justicia y Seguridad, dónde recibió dictamen por parte de los representantes de Vamos Juntos.
Hace un par de semanas, el proyecto recibió un giro a la comisión de Derechos Humanos, donde se esperaba un debate más arduo, pero esa instancia fue finalmente anulada y derivó en el tratamiento definitivo que hoy se le dio en el recinto.
Fue ese trayecto que organizaciones de Derechos Civiles denunciaron como carente de debate real, el que sirvió para que el FdT rechazara acompañar la votación.
Claudio Cingolani, diputado de Vamos Juntos, defendió la confección de la ley, dijo que el proyecto votado no sólo no tuvo grandes cambios respecto del presentado inicialmente por el FdT y que, además, se realizaron reuniones con las organizaciones para escuchar diversas posturas.
"Tuvimos una reunión con siete organizaciones civiles preocupadas en este tema, han venido funcionarios del Ejecutivo para despejar dudas", señaló el presidente de la comisión de Seguridad.
En ese mismo sentido, dijo que en la nueva regulación se tienen en cuenta consideraciones sobre dónde se ponen las cámaras y la protección de los datos recolectados, teniendo en cuenta quién, cómo y durante cuanto tiempo puede acceder a ellos.
También distingue diversos usos de las imágenes, sean para el sistema preventivo de delitos, para el sistema "forense" de búsqueda de pruebas y para el reconocimiento facial de prófugos.
Además se crea una comisión de seguimiento del sistema de videovigilancia y se otorga un rol de contralor a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Neira dijo que el objetivo de su proyecto no es crear un sistema sino regular algo que "estaba en la ley desde hace mucho tiempo"
"Esto ya existe en la Ley de Seguridad Pública. Hay 10 mil cámaras que funcionan en la Ciudad y desde hace 2 años funciona el reconocimiento facial", dijo.
Sin embargo, señaló que faltó un debate que permita "un equilibrio entre la seguridad y libertad".
"Es un debate que hay que darlo, requiere tiempo y consenso", dijo y estimó que "no se puede hacer marketing con una política de Estado".
Desde el bloque del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman fustigó contra "un proyecto de Neira" que "es defendido por el bloque oficialista" y que "legaliza un cuestionado sistema que ha sido denunciado por discriminación en todo el mundo".
"Esta Ciudad tiene una triste historia de espionaje, persecución arbitraria. Si hay alguien que denunció a este sistema fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se quejó de que le ponían cámaras en la puerta de la casa. Este sistema sirve para la persecución política y la criminalización de la protesta social", argumentó.
Por su parte, Leandro Halperín (UCR-Evolución) estimó que el uso de esta tecnología presenta un "conflicto de derechos" y dijo que "el Estado, lo que tiene que hacer, es establecer reglas para dar previsibilidad a como se resuelven esos conflictos".
El diputado radical señaló que, desde la puesta en marcha del sistema, "no se presentó ningún proyecto de ley" para "regular el uso de las videocamaras" y criticó a quienes "se rasgan las vestiduras diciendo que no puede existir algo que no buscaron prohibir y otros no quieren votar algo que presentaron para regularlo".
Representantes de organizaciones de Derechos Civiles manifestaron hoy su rechazo a la ley aprobada por la Legislatura porteña para regular el uso de tecnologías de reconocimiento facial, denunciaron que el debate fue "paupérrimo" y alertaron sobre sus consecuencias.
Ayer por la tarde, siete organizaciones -entre ellas Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre- publicaron un documento en el que instaron a los diputados de la Ciudad a rechazar la iniciativa por considerar que convalida la "imposición unilateral" del sistema de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo porteño el año pasado.
"Se está legitimando el uso de algo que en ciudades como San Francisco o Boston, que están a la vanguardia en tecnología, se está prohibiendo", comentó Beatriz Busaniche, representante de Vía Libre.
En diálogo con Télam, la docente, especialista en privacidad, explicó que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "implementó (el sistema) como un hecho consumado, comprando una tecnología con un proceso poco transparente".
"La implementación está floja de papeles y ahora la Legislatura lo legitima", añadió Busaniche.
Algunas organizaciones se habían presentado ante la justicia para reclamar la inconstitucionalidad del sistema de vigilancia y entienden que esta ley se convertirá en el argumento fundamental del Gobierno de la Ciudad para sostener su uso.
Desde la Asociación por los Derechos Civiles, Leandro Ucciferri señaló que el debate sobre la "necesidad" y la "proporcionalidad" de la tecnología no se realizó al momento de la implementación por parte del Gobierno y que ahora tampoco sucedió en la Legislatura, dónde "ni siquiera se convocó a expertos técnicos".
"Ven a esta ley como una limitación al uso (del sistema de reconocimiento), pero no se preguntaron si esta era suficiente limitación", explicó.
Ucciferri estimó que el Estado no ha transparentado si el uso del reconocimiento facial es siquiera efectivo en los términos que dice buscar y, sobre todas las cosas, si el costo para la sociedad es admisible.
"Este sistema de vigilancia masiva en la vía pública elimina la presunción de inocencia: El sistema tiene que leer tu rostro para descartarlo y el dato biométrico es un dato personal. Trata a todos como sospechosos hasta que se demuestra lo contrario, cuando es al revés", dijo el representante de ADC.
Sobre la efectividad, las organizaciones estiman que, de los 40 mil prófugos de la base de datos, se generaron 4 mil alertas y 400 aprensiones, sin detalles sobre los falsos positivos.
"Si a vos te salta una alerta, tenés que probar que no estás involucrado. Lo que se entrega es un derecho fundamental a cambio de la propaganda de 'agarré uno'", apuntó Busaniche.
En ese sentido, Uciferri dijo que "lo que se está planteando es redefinir cómo se disfruta de la sociedad y que significa vivir en una sociedad más vigilada".
"Los efectos de esto no se están tomando en serio y tendrá efectos mediatos", concluyó.