Glovo no solo tiene que hacer frente a conflictos laborales en Argentina; en su país de origen también suma problemas.
Esta semana, la firma sufrió un duro revés por parte de la Inspección de Trabajo en Valencia, que determinó que 200 repartidores son falsos autónomos, por lo que deben ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, cuya alta comunicó de oficio.
La app de delivery confirmó en un comunicado su convencimiento de que la relación que le une a los repartidores, conocidos como glovers, se ajusta a la legalidad.
Según Glovo, esta certeza parte del hecho de que los repartidores tienen la "máxima libertad para decidir cuándo y cuánto quieren colaborar con la plataforma".
Al respecto, subrayó que la gran mayoría de los repartidores quieren mantener su libertad y la flexibilidad “para ser capaces de colaborar con la plataforma cuando ellos decidan, pudiendo desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello penalización alguna”.
Los números parecen confirmarlo. Según Glovo, el 79% de los repartidores afirman estar satisfechos con la plataforma.
En el comunicado, la empresa aclaró que ya superó una inspección de trabajo que se inició en diciembre 2015 y finalizó en 2016, validando su modelo de negocio.
En dicha inspección se aportaron y revisaron contratos no sólo de Barcelona, sino de Valencia y Madrid. "Se analizó en detalle cómo opera la plataforma y, tras un análisis minucioso, se validó la forma de operar y colaborar con los repartidores".
En ese sentido, un juzgado de primera instancia en Madrid dictaminó recientemente que los repartidores no son falsos autónomos y reconoció la total independencia de los colaboradores de la plataforma.
La resolución de la Inspección de Trabajo de Valencia, emitida tras una denuncia hace meses de CC OO, es recurrible ante los tribunales, que hasta ahora han dado sentencias contradictorias sobre la naturaleza jurídica de estos trabajadores en los casos de Deliveroo y Glovo.