Esta semana, la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presidida por Martín Ocampo, avanzó en el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública para incorporar el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, implementado por el Gobierno porteño.
La iniciativa es de autoría de Claudia Neira, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Roberto (FdT).
Neira afirmó en la comisión de Justicia que "esta ley requiere un consenso amplio y democrático", por lo que fundamentó el pedido de su bloque de girar el proyecto también a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, a cargo de la diputada Montenegro.
En rigor, la intención es convocar a organizaciones civiles para que opinen sobre la iniciativa referida al control de los procedimientos y el manejo de las imágenes de video vigilancia.
En ese sentido, Cingolani señaló que el monitoreo de personas o prófugos funciona a solicitud de la Justicia y destacó que la Ciudad tiene su propio sistema de video vigilancia, reconocido como de alta calidad.
Ocampo apuntó que la propia ley del Sistema Integral de Seguridad Pública ya tiene todo un capítulo regulatorio de la video vigilancia, "aunque igualmente es interesante escuchar las opiniones de la sociedad civil".
Cámaras públicas de vigilancia, sistemas de identificación biométrica en aeropuertos, reconocimiento facial tras desastres naturales, etc. Está claro: la soledad absoluta es difícil de lograr y la biometría ha llegado para quedarse. La cibervigilancia engrosa sus filas con nuevos dispositivos y avances tecnológicos, de controvertida aplicación considerando los derechos de privacidad de los ciudadanos así como el tratamiento de sus datos personales.
La tecnología de reconocimiento facial es una forma conveniente de desbloquear un teléfono inteligente, pero a nivel estatal en muchos lugares, también se trata de un componente clave de la vigilancia masiva, una cuestión que ya afecta a la mitad de la población mundial de manera regular. SurfShark elaboró una infografía en la cual clasificó 194 países y regiones según el alcance de la vigilancia tecnológica y el grado de implantación del reconocimiento facial.
El resultado arroja que 98 países ya usan esta tecnología, que ha sido aprobada pero todavía no implementada en otros 12. Por otra parte, otros 13 están considerando usarla, en 68 no existe evidencia de uso y 3 lo han prohibido.