La Cámara de Senadores respaldó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo que declara servicio público esencial a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El Decreto fue aprobado gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados, ya que Juntos por el Cambio se pronunció en contra.
El decreto congeló hasta el 31 de diciembre las tarifas de televisión por cable, telefonía móvil e internet en el marco de la pandemia, al tiempo que estableció que "los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia".
Pese a todo, la reunión fue en tono cordial. Las más grandes empresas de telecomunicaciones, Telefónica, Telecom y Claro, se reunieron el miércoles con las máximas autoridades del ENACOM y de la Secretaría de Innovación Pública para avanzar en la reglamentación de DNU 690 que congela precios de internet, telefonía móvil y fija y televisión paga hasta fin de año y modifica el status del sector.
Sobre el congelamiento está claro que no hay nada que hacer pero la condición de servicio público es el gran tema a resolver.
Punto nada fácil de abordar porque, por más que estas compañías compartan el hecho de ser las más grandes, y de compartir su rechazo a estar enmarcados dentro de un servicio público, las diferencias entre ellas mismas también son importantes. De modo que la negociación para alcanzar una reglamentación será dificultosa, aunque en el corto plazo deberían producirse las primeras definiciones importantes que destraben, o no, inversión.
Tras la reunión, el Ente Nacional de Comunicaciones, a cargo de Claudio Ambrosini, emitió un comunicado en el que se expresaron los pedidos generales que realizaron las compañías. Básicamente, centradas en la previsibilidad necesaria para darle un marco a las inversiones futuras. Tal como viene informando iProfesional, estos son los meses en los que se definen los presupuestos para el año entrante. En este contexto es difícil sacarle punta al lápiz.
Claro, Telefónica y Telecom coincidieron nuevamente en la inconveniencia de modificar el status del sector. También sobre los efectos que produce el congelamiento de precios en un sector que necesita de inversión constante para mantener los niveles de servicios y responder a las demandas de los usuarios.
El decreto 690, que este jueves fue discutido en sesión especial por el Senado, está dividido en dos: por un lado, el congelamiento de precios; por el otro, la consideración de servicio público.
Sobre el primer punto la suerte ya está echada hasta finales de diciembre. Los precios de los distintos servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga seguirán iguales. Sobre esto las compañías siguen señalando que no era necesario un DNU. Y al mismo tiempo indicaron que la señal que dieron los funcionarios, más allá de las diferencias entre ellos, es que cerraron filas detrás del decreto.
Resignadas a esta situación quieren saber, no obstante, cómo será la salida del congelamiento a partir del 1° de enero de 2021. Quieren tener la certeza de que habrá salida. iProfesional consultó con las tres operadoras, además de otras fuentes del sector, sobre este aspecto acerca del cual hay coincidencia. Pero también apuro porque, si hay que someterse a los designios del decreto, antes de implementar cualquier aumento primero se debe pedir autorización al regulador y, luego de ello, informarlo a los clientes, hecho que no puede ser menor a los 30 días.
De modo que una primera especulación indica que en octubre los operadores deberían tener en claro cómo sería esa salida del congelamiento para cumplir con los tiempos de la normativa vigente para informarlos a los clientes además de las nuevas exigencias del decreto.
Según cómo se encamine esta situación vendrá la segunda parte vinculada con los precios en sentido estricto: según cómo se planteen los esquemas se definirán las inversiones a futuro. De ahí el pedido de previsibilidad expresado en el comunicado que distribuyó el ENACOM.
Titulado "Argentina Digital", el DNU del gobierno el Gobierno nacional estableció que las conexiones de Internet y la telefonía móvil son servicios públicos esenciales.
Con este encuadre legal, el Estado regulará una prestación básica universal y obligatoria y controlará los precios. En simultáneo, se estableció un congelamiento de tarifas de estos servicios más los de televisión por cable hasta diciembre.
"Dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad", reconoció el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Sin embargo, advirtió que "para lograr este objetivo es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación".
En un informe enviado a iProfesional, el instituto apuntó que "distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios". Al respecto, recordó "un caso paradigmático", como fue "la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares".
Las intervenciones del Estado nacional sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2003 – 2015 "son muy aleccionadoras", según Idesa.
Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se observa que:
"Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio aumentando los reclamos y las presiones por subsidios. Los subsidios no resuelven el problema porque las empresas prestatarias pasan a poner más energía en congraciarse con el burócrata que los reparte que en darle buenos servicios a sus clientes", afirmó Idesa.
"La política de subsidios a los servicios de electricidad ofrece varias enseñanzas", según este instituto:
Idesa advirtió que además de su "efecto inflacionario", la "manipulación de las tarifas deteriora la calidad de los servicios. El explosivo aumento en los reclamos de los usuarios con los controles sobre las tarifas de electricidad en el período 2003 – 2015 es muy contundente".
"La experiencia también señala que el sinceramiento tarifario resulta políticamente muy costoso y no restituye de manera inmediata la calidad del servicio. En el 2018 hubo menos reclamos por cortes de electricidad, pero seguían siendo altos en el orden de los 1.503 diarios", recordó.
"Como lo demuestra la experiencia en el sector eléctrico, manipulando tarifas los resultados serán los contrarios. En lugar de desalentar las inversiones es fundamental promoverlas para que, por ejemplo, la mitad de los hogares pobres que no tiene conexión a Internet la tengan, o las empresas que exportan servicios digitales amplíen su capacidad para generar divisas", señaló.
Esto se logra, según Idesa, "con regulaciones que aumenten la competencia, la transparencia en el mercado y la protección al consumidor. Si hay subsidios, usarlos para dar conectividad a las familias pobres en lugar de congelar tarifas para que los porteños tengan internet y servicio de celular más baratos, como ocurre con la luz, el gas y el transporte urbano".