La posibilidad de que las señales satelitales de entretenimiento no queden alcanzadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que regulará y controlará las operaciones e ingresos de las empresas de telefonía y televisión paga despertó el malestar en todo el sector de las telecomunicaciones.
Ejecutivos de varias compañías consultados por iProUP coinciden en mantener su rechazo total a la decisión del presidente Alberto Fernández, a la vez que califican como "una injusticia" se aplique un criterio diferente para favorecer los negocios locales de empresas como DirecTV.
La puerta que se le abre a esta compañía para "zafar" de la medida se basa en que mantiene los lineamientos del DNU 267, promulgado por el expresidente Mauricio Macri para reordenar el mercado y que que incorporó al servicio de televisión por cable al marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Pero además:
En su momento, se sostuvo que fue el Grupo Clarín el que opuso resistencia a que DirecTV también fuera parte de ese universo para "blindar" a Cablevisión de la competencia no sólo de esta firma, sino también de prestadores similares controlados por las telefónicas, como Movistar TV o Claro TV, entre otras.
Ahora, al seguir la misma lógica que la medida tomada por el gobierno anterior para modificar la Ley de Medios del kirchnerismo, el DNU de Alberto Fernández no aplicaría entonces a los servicios ofrecidos por la empresa satelital.
El gigante norteamericano de las comunicaciones AT&T no tiene a DirecTV en sus planes futuros, por lo que ya salió a buscar posibles compradores de este negocio de televisión satelital que le ha provocado pérdidas millonarias.
Entre los principales interesados se encuentran varios fondos de inversión, como Apollo Global Management y Platinum Equity, de acuerdo con información publicada por el diario The Wall Street Journal.
Es que tanto a nivel global como en la Argentina, las operaciones de DirecTV se vienen achicando, con menores ingresos y clientes insatisfechos, que se mudan hacia otros servicios de televisión más eficientes o -directamente- a plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video.
En el plano local, los servicios de la empresa quedaron alcanzados por el congelamiento, teniendo en cuenta los considerandos del último DNU, en el que se aclara que en el marco de la emergencia sanitaria se suspendieron este tipo de retoques que habían sido ya anunciados hasta el fin de año.
Según el texto de la medida, la obligación incluye "a los titulares de los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes a los servicios de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, así como a los servicios de televisión satelital por suscripción".
Sin embargo, a fines de agosto, los casi tres millones de suscriptores al servicio de DirecTV recibieron una carta de la compañía anunciando los nuevos precios a partir de septiembre, con subas del 15%.
En la comunicación, la empresa le informaba a sus clientes que una vez que se reglamente el DNU se harán los ajustes y reintegros en la próxima factura, medida que va en sentido opuesto a la intención del Gobierno de congelar los valores de julio hasta hasta el 31 de diciembre.
Es decir, los precios quedaron fijos a partir de la publicación del DNU 690/20, tal como lo dispone su artículo 4, el cual se encuentra operativo y no requiere aclaración ni reglamentación alguna.
En caso de que los usuarios reciban una factura con fecha posterior a la indicada y con un incremento aplicado -como lo acaba de hacer DirecTV-, la empresa tendrá que emitir una nota de crédito con la diferencia correspondiente en la siguiente facturación.
Al respecto, Alejandro Pereyra, ex director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) hasta fines del año pasado, el Gobierno debe atravesar un preocupante dilema con respecto al alcance de las nuevas normas regulatorias sobre los servicios de TV satelital.
"Como el DNU hace referencia a las TIC establecidas por el decreto de Macri, las satelitales no entran en la categoría de servicio público y quedan como compañías reguladas en el marco de la ley de medios que no tienen condición de servicio público", explica el analista.
Además, recuerda que el decreto hace referencia a "los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)" como esenciales y estratégicos en competencia.
Más adelante, el documento sostiene que será la autoridad de aplicación la que establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad por las empresas.
Para Pereyra, lo argumentado en el decreto presidencial queda a cargo de la interpretación y alcance del Enacom, considerado por varios de sus funcionarios como un "ente gubernamental", a pesar del pensamiento de otros analistas que nunca lo categorizaron bajo ese formato, más cercano a los fines de la política de turno que a los aspectos objetivos de contralor del mercado de las telecomunicaciones.
Hasta ahora, el ente que preside Claudio Ambrosini no se ha expedido sobre estas dudas y tampoco ha respondido las reiteradas consultas de iProUP sobre los supuestos beneficios que lograría DirecTV en la reglamentación del DNU.
Quizá porque ni Ambrosini ni el resto de los directores del organismo -entre los que también se encuentra el ultrakirchnerista Gustavo López- sepan cómo harán para justificar la diferenciación de precios en el mercado de servicios regulados por marcos jurídicos diferentes que el Artículo 4 del decreto impone por solo el plazo que durará el congelamiento.
Si bien se trata de servicios absolutamente sustitutos uno con el otro, los cierto es que, como dice Pereyra, la televisión al hogar por vinculo físico y radioeléctrico (Ley 27.078 y hoy servicio público, esencial y estratégico), resulta regulado por otra norma cuando se trata de un servicio de televisión satelital (Ley 26.522), que no resultó alcanzado dentro del servicio público, esencial y estratégico.
"Se trata de un verdadero dilema que, tal vez se sume a muchos más, pero que solo con esta duda, la inversión privada y la destreza de los funcionarios serán una vez más la clave del camino", advierte el analista.
En este marco, también abre preguntas sobre qué debería ocurrir con las bonificaciones que cada consumidor recibe en sus facturas de servicios de telefonía (fija y móvil), Internet o cable.
Se trata de descuentos que fueron materia de regulación (Artículo 7 del Decreto 1340/16 de Macri): los prestadores que realicen ofertas conjuntas deben detallar los precios de cada una, incluyendo la desagregación de valores, descuentos y beneficios a cada servicio.
Otro enigma sin resolver por el Enacom se refiere al futuro de los aumentos en el pago de los servicios en dólares, tales como señales internacionales de contenidos (Netflix o Amazon Prime Video) o, más detalladamente, en la necesidad de la actualización y mantenimiento de los servicios TIC en materia de hardware y software.
Del mismo modo, quedan abiertas sospechas sobre cómo se definirán las áreas competentes para la determinación de los mercados relevantes, en los que se incluyan todos los productos y prestadores entre los que exista a la fecha competencia en este rubro.
Por poner un ejemplo, se incluirá a los cercanos sustitutos que sólo modifican sus servicios por el soporte a través del cual operan, ya que algunos lo hacen por vinculo físico (cable), otros radioeléctrico (redes celulares) y otros satelital, pero todos realizan el brindan servicio TIC.
A esto le agrega las dudas sobre cómo se diferenciarán el mercado de las TIC de radiodifusión por vinculo físico o radioeléctrico de los que cuenten con sistemas digitalizados y redes de fibra óptica.
Los servicios TIC, que se volvieron fundamentales en época de aislamiento al permitir el trabajo, la educación y hasta las compras a distancia, tendrán sus precios congelados hasta fin de año. Restará saber si DirecTV será el único con "licencia para aumentar" sus abonos.