En medio de la pandemia mundial de coronavirus, y de la cuarentena que la acompaña, las compañías de servicios de intermediación digital se encuentran facturando por encima del resto. En ese marco, promoverán un impuesto a empresas como Mercado Libre, Amazon, Glovo y PedidosYa, entre otras. La iniciativa para este gravamen es impulsada por el diputado nacional, José Luis Ramón.
El legislador que representa a la provincia de Mendoza presentó este proyecto de ley con el fin de que se le cobre un impuesto a las empresas que se encargan de brindar servicios digitales de intermediación en línea y de publicidad.
Al mismo tiempo, en caso de aprobarse la medida parlamentaria, se regularía toda la intermediación en materia de comercio electrónico, es decir, cuestiones como las comisiones o la exposición de la información.
"Necesitamos mirar a los que están ganando plata con esta cuarentena y las medidas que se tomaron para proteger a nuestra población", expresó José Luis Ramón durante el transcurso de la última sesión en la Cámara baja de Diputados. En aquella oportunidad, hizo referencia al hecho de que no existe regulación alguna de este tipo de compañías. En lo que hace al proyecto en sí, se estructura en torno a la posibilidad de limitar la facultad de imponer condiciones de mercado que hoy tienen estas empresas.
En esa línea, la iniciativa advierte sobre cuestiones como direccionamiento del consumo, al tiempo que agrega un impuesto "de emergencia a las empresas de intermediación en el comercio electrónico que se están haciendo con el sufrimiento y hundimiento de miles de empresas pequeñas y a su costa, fortunas inmensas en meses, tanto por morder un pedazo de cada venta o por la publicidad que una y otra vez nos muestran, y que muchas pymes han tenido que pagar para poder adaptarse a esta situación", figura en los fundamentos.
En definitiva, la idea pasa por establecer un alícuota de 5% sobre la "comisión" que reciben los proveedores del servicio. La misma, estaría a cargo de los prestadores del servicio con el fin de que no trasladen el gravamen de manera directa a los consumidores.
Por otra parte, la ley contempla la posibilidad de que la AFIP y el BCRA se vean obligados a cooperar con las provincias con el fin de lograr el cobro de los ingresos brutos relacionados a sus distritos, informó El Intransigente.