Este lunes, la Cámara Argentina de Internet -CABASE- se pronunció sobre el decreto del Gobierno que establece como servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía móvil y la TV paga.

En un comunicado, la entidad aseguró que la medida "pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país".

En ese sentido, subrayaron que prestadores asociados a CABASE "han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector (ENACOM, Secretaría de Innovación Pública y Subsecretaría de TICs), así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija". 

"Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores PyMEs y cooperativos", señalaron desde CABASE.

Al respecto, agregaron que "el mercado Argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para PyMEs y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores".

El panorama a futuro

Para CABASE, la continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de "la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios".

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Según advirtió la entidad, este escenario hace que sea muy difícil para las PyMES y Cooperativas hacer frente a una "competencia muy agresiva por parte de los operadores dominantes, situación que se agrava con la regulación de precios contenida en el DNU".

Al respecto, se advirtió que se necesita "una regulación inteligente", que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones "que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las PyMES y cooperativas en el mercado, para que sean estos actores los que con sus inversiones locales quienes lleven internet al 37% de los hogares del país que aún no cuentan con conectividad".

Para CABASE, decisión de calificar un servicio o una actividad económica como un servicio público esencial y estratégico en competencia "no hace por sí misma que esos servicios sean de mejor calidad, más accesibles y ni siquiera que lleguen a más personas", algo que solo puede lograrse generando "condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país".

En ese sentido, las autoridades de la cámara solicitaron a las Autoridades Nacionales abrir una instancia de diálogo "que permita revertir los efectos nocivos del DNU 690/20 y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad en nuestro país".

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