La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) expresó hoy su posición contraria frente a los proyectos de ley e iniciativas de regulación presentados en el Congreso que proponen considerar los servicios de conectividad a internet como un servicio público.
"Cappi entiende que una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a internet, sino que como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha", señaló la cámara en un comunicado.
Así respondió ante los proyectos de ley e iniciativas de regulación que proponen considerar los servicios de conectividad a internet como un servicio público.
"La experiencia histórica tiene sobrados ejemplos de la natural incompatibilidad entre la innovación y la regulación cuando se trata del desarrollo y adopción de tecnología. La innovación impulsada por el sector privado ha generado una tasa de penetración del 124% de la telefonía móvil (accesos por cada 100 habitantes) y del 63% en accesos fijos de banda ancha (conexiones cada 100 hogares), sin que estos servicios sean calificados como servicio público o estén sometidos a controles de precios", agregó Cappi.
Asimismo, indicó que "estar sometidos a una regulación de precios implicaría que una eventual suba del dólar haga que el equipamiento que utilizan las redes se vea encarecido, por lo que en el mediano plazo al ISP (proveedor de servicios de internet) no le alcanzaría para comprar los equipos que necesita para asegurar la calidad de servicio o expandir el alcance de su red. Otra vez sería el usuario final quien se perjudica".
Sobre la condiciones que serían necesarias para lograr la universalización de los servicios de banda ancha, Marcelo De Ambrosio, presidente de Cappi, sostuvo que hacen falta "reglas de juego claras para la compartición de infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y políticas de impulso para operadores PyME".
Además, consideró necesaria "una mesa de diálogo que contemple a los actores PyME que permita a quienes definen las regulaciones conocer que pasa en la vida real, en las pequeñas y medianas localidades donde está el 37% de los hogares que aún no cuentan con una conexión de banda ancha fija y donde los grandes operadores no tienen servicio".
"El altísimo nivel de concentración que existe actualmente en el mercado de telecomunicaciones en Argentina, y su consecuente falta de competencia, es lo que impide el desarrollo de más y mejores servicios de internet. Solo a partir de una regulación asimétrica que específicamente busque nivelar la cancha impulsando una mayor participación de las PyMEs y que tengan mayores facilidades para construir redes de fibra al hogar es posible quebrar este estatus quo", concluyó.