Los propietarios de teléfonos celulares en California pronto podrían pagar extra por el privilegio de enviar mensajes de texto, gracias a una legislación de la época de las líneas fijas y los cambios en los patrones de uso.
De acuerdo con recientes presentaciones de leyes públicas, la Comisión de Servicios Públicos (PUC) del estado está considerando un plan que facturaría a los usuarios una tarifa mensual por cualquier servicio de mensajes de texto que usen, y los proveedores de servicios telefónicos no están contentos con eso.
Todo esto se remonta a las llamadas era de las líneas fijas de los años 90, cuando el gobierno federal de los EE. UU. y los estados establecieron Programas de Propósito Público (PPP), que cobraban a todos los usuarios de teléfonos un recargo que apoyaba a los programas para personas con bajos ingresos ( también se incluían otros servicios públicos, como la electricidad).
Sin embargo, a medida que Internet despegó, la industria logró obtener una exención por lo que denominó "servicios de información", como el correo electrónico y la navegación web. El miércoles, la FCC aprobó una nueva regla que aclara que los mensajes de texto entran en este término.
Debido a que las personas usan sus teléfonos para llamadas por voz mucho menos ahora, los ingresos por PPP se han reducido en alrededor de un tercio. Sin embargo, el presupuesto para subvencionar a personas de bajos ingresos ha aumentado en casi un 50 por ciento.
La PUC considera que al incluir textos dentro del PPP (lo que sería conveniente, ya que los mensajes de texto comparten la misma infraestructura que las llamadas de voz), podría recaudar u$s 44.5 millones al año.
La estructura exacta del cargo variaría entre los operadores, que no están exactamente entusiasmados con la propuesta. La comisión votará sobre la medida el 10 de enero del próximo año y se enfrenta a una fuerte oposición de los grupos comerciales de la industria, como CITA, que representa a AT&T Mobility, Sprint y T-Mobile. Según la CITA, la propuesta iría en contra de la ley federal.
La comisión también deberá considerar cómo otros servicios de mensajería tienen en cuenta su decisión. Las aplicaciones como WhatsApp e iMessage, que ya representan la mayor parte del tráfico de mensajes, estarían exentas del cargo.
En su presentación, el CITA sostiene que someter a los proveedores de servicios inalámbricos a cargos que no se pueden aplicar a estos servicios es "ilógico, anticompetitivo y perjudicial para los consumidores". Y, por supuesto, siempre existe el riesgo de que la aplicación de tal cargo aleje a los consumidores de los SMS tradicionales, lo que sin duda afectaría la cifra estimada de u$s 44.5 millones de la PUC, y, en consecuencia, a la gente a la que se supone que la carga debe ayudar en primer lugar.