Domingo Cavallo, tajante: por qué piensa que la Argentina espanta a los emprendedores poniéndole trabas

Domingo Cavallo, tajante: por qué piensa que la Argentina espanta a los emprendedores poniéndole trabas
El economista criticó la reforma a la ley de Apoyo al Capital Emprendedor que creó las SAS y permite la creación de empresas con ahorro de tiempos y costos
Por iProUP
16.06.2020 15.42hs Innovación

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se refirió al proyecto que el senador oficialista, Óscar Parrilli, presentó para suspender por 180 días el registro digital de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un nuevo modelo societario creado por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor durante el macrismo.

"Es paradógico, pero un gobierno que pretende ser 'progresista' no para de impulsar iniciatívas retrógadas. La más reciente, es el proyecto que reforma la ley 27349 que ya recibió media sanción en el Senado, Incluye, entre otras regulaciones antiproductivas, una virtual destrucción de una institución que en sólo dos años permitió la creación de miles de nuevas empresas sin tener que pasar por las tradicionales barreras burocráticas y corporativas del pasado", señaló Cavallo.

Las SAS "redujeron de casi un año a menos de una semana, el tiempo que requiere la creación de una nueva empresa formal", continúo el economista, quien añadió que "significó también una gran reducción de costos para los nuevos emprendedores y empresas pequeñas y medianas que querían salir de la informalidad y no lo podían hacer por el enorme costo que implicaba la constitución de una sociedad bajo las formas tradicionales".

"Funcionarios apegados a regulaciones burocráticas y sin sentido, comenzaron a desdibujar a las SAS en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Inspección General de Justicia, que sólo tiene jurisdicción en la Capital Federal", remarcó.

Cavallo además remarcó que "como la mayoría de las provincias, con muy buen criterio, decidieron no seguir el ejemplo de la IGJ, la vocación centralista y antifederal de los funcionarios retrógrados, inpulsaron el proyecto de reforma a la ley 27349, que lamentatblemente, entre gallos y medianoche, sin discusión, recibió media sanción en el Senado. Es notable, porque la ley 27349 había sido sancionada por unanimidad en ambas cámaras".

Por último, deseó que "la actitud de los diputados sea más responsable y, al menos, promueban la discusión antes de acompañar, simplemente, la absurda sacnción de Senadores" y subió el video del abogado cordobés Jose Pablo Sala Mercado.

Avance cristinista

Al mejor estilo cristinista, el senador Oscar Parrilli logró el dictamen de un proyecto que destruye a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) con mayor amplitud de lo previsto, al haber incluido modificaciones cinco minutos antes de la reunión de la Comisión que lo iba a tratar y sin permitir que los otros legisladores lo leyeran.

Cuando los senadores de la oposición en la Comisión de Legislación General en masa pidieron una semana más para estudiar el proyecto y así estar en condiciones de plantear sus objeciones, Parrilli retrucó: "Voy a insistir en que se saque el dictamen, ya que queda abierto hasta que llegue al recinto para que lo estudien".

Más tarde, el ex jefe de Inteligencia durante el Gobierno de Cristina Kirchner pidió que se dé dictamen para que quede habilitado su tratamiento en el recinto en una semana y, aunque el lunes a la tarde el texto recién pasó a la firma, el Frente para Todos tiene números suficientes en la Comisión.

Las modificaciones de último momento al proyecto que suspende por 180 días la constitución electrónica de SAS para pasar su inscripción a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los registros provinciales incluyen un registro de capital emprendedores (RICE), en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo, que hará de filtro de las sociedades que pueden seguir siendo simplificadas.

Las SAS que no pasen por ese filtro por no ser consideradas de "capital emprendedor" contarán con 180 días para reconvertirse como sociedades anónimas (SA) o de responsabilidad limitada (SRL), según explicó Parrilli a la Comisión del Senado.

Para Nissen, las ventajas de flexibilidad de las SAS son justamente lo que las convierten en ideales para ilícitos
Para Ricardo Nissen, titular de la IGJ, las ventajas de flexibilidad de las SAS son justamente lo que las convierten en ideales para ilícitos

El RICE deberá informar a la IGJ y a los registros provinciales de comercio para que puedan inscribir o dar de baja a las SAS en caso de que sean o no de capital emprendedor.

Parrilli señaló que como esto es "legislación de fondo", las provincias lo van a tener que cumplir sí o sí. Se trata de un trámite más y en papel que tendrán que hacer los socios antes de la inscripción societaria, salvo las SAS que se constituyan electrónicamente por un sistema propio provincial, como en Córdoba.

Sin embargo, el mismo Parrilli aceptó un agregado a su proyecto de la senadora del oficialismo por San Luis María Eugenia Catalfamo, que propuso que se incluyera que las provincias deberán adherir a la ley para que se aplique en su territorio.

Esto sería un freno al avance contra las SAS, que podrían ir a inscribirse a Córdoba, como reconoció el senador del PRO cordobés Ernesto Martínez, uno de los más molestos porque no le dieron tiempo de leer las profundas modificaciones que introdujo Parrilli a última hora.

Pero no está claro qué va a pasar cuando el proyecto llegue al recinto, porque el senador Juan Mario Pais, del Frente de Todos por Chubut, aseguró que "cuando hay legislación de fondo" como la que marcará que las SAS deben corresponderse a capital emprendedor y estar registradas a nivel nacional a tal efecto, las provincias no tienen posibilidades de adherir o no.

Otro capítulo es la suspensión de todas las inscripciones por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que administra la Jefatura de Gabinete para pasar la registración y el control de las SAS a la IGJ y los registros provinciales.

En el artículo 2, Parrilli agregó ahora que todas las SAS ya constituidas tendrán que ratificar su inscripción, para que el negocio que no tenga nada que ver con un emprendimiento se someta a control.

El senador cristinista también propone en su nuevo proyecto encomendar a la Comisión de Legislación General del Senado que elabore un proyecto para crear una Sociedad Anónima de Emprendedores, para terminar de derogar a las SAS y reemplazarlas por otro tipo societario similar a una SA.

El último capítulo es de sanciones para las SAS que no cumplan con las inscripciones y reconversiones que manda el proyecto, haciendo solidarios a los administradores en materia fiscal, laboral y legal.

Retroceso

Algunas fuentes consultadas por iProUP que prefirieron mantener su nombre en reserva consideran que este tipo de normas es "un retroceso" y que "van a contramano no sólo respecto al mundo, sino incluso con relación a Latinoamérica".

"Es muy triste que una herramienta que fue muy útil para formalizar los negocios de emprendedores termine así", lamentan los especialistas, quienes indican que el avance contra este instrumento acelerará la mudanza de negocios a Uruguay. "Tuve cinco casos en estos días", confían a iProUP desde un importante estudio contable.

Ante los nuevos controles a las SAS, muchos emprendedores están evaluando consituir su negocio en Uruguay
Ante los nuevos controles a las SAS, muchos emprendedores están evaluando consituir su negocio en Uruguay

Gustavo Policella, del estudio del mismo nombre, puntualiza que la figura de las SAS es "muy necesaria, por ejemplo, para monotributistas que prestan servicios a grandes compañías, porque hubo muchos reclamos por relación de dependencia encubierta y esas compañías les exigen que a su vez tengan forma de empresa y no de individuos".

También habían sido elegidas por muchos jóvenes desarrolladores de software, artistas musicales y otros emprendedores que quisieron darle seriedad a su negocio a bajo costo, sin seguir como sociedades de hecho.

José María Allonca, del estudio homónimo, alerta a iProUP que "hoy se abre una sociedad en cualquier provincia y se puede operar libremente en todo el país".

Fuera de la pelea queda Córdoba, que ya inscribió más de 6.500 de estas firmas en el mismo tiempo en que la IGJ registró unas 11.000. Pero en otros distritos, los emprededores quedarán acorralados por la "Ley Parrilli"

 

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