Los colegios de abogados de Tierra del Fuego, seis de los siete concejales de la ciudad de Ushuaia y cientos de fueguinos a través de las redes sociales se manifestaron en contra de la implementación de una aplicación telefónica (App) para controlar a los ciudadanos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa impulsada por la gestión del gobernador Gustavo Melella aún no fue instrumentada, pero el mandatario la incluyó ayer como parte del Plan de Contingencia que presentó el gobierno para las próximas fases del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Al lanzar públicamente la app, llamada "TDF Unida", la ministra de gobierno, Adriana Chaperón, explicó días pasados que cada ciudadano va a tener que bajar la aplicación a su teléfono celular y registrarse para obtener permisos de circulación de acuerdo a su actividad, limitándose, por ejemplo, a tres horas, el tiempo máximo para realizar las compras de alimentos y medicamentos.
Después, Melella sostuvo en declaraciones oficiales que el mecanismo "no será obligatorio", aunque no explicó de qué manera y cuándo se pondrá en funcionamiento.
Mientras tanto, el tema generó el rechazo del Colegio de Abogados de Río Grande, que en un comunicado al que accedió Télam, advirtió sobre la "inconstitucionalidad de la App de control de geoposicionamiento de las personas", y señaló que en caso de hacerse efectiva su aplicación "se encargará de la defensa de los derechos ciudadanos, iniciando las acciones judiciales pertinentes".
A su vez, el Colegio de Abogados de Ushuaia solicitó al Gobierno provincial que "no ponga en funcionamiento este tipo de medidas ni ninguna otra que agrave las restricciones de derecho de nuestro pueblo".
Los letrados de la capital fueguina indicaron que "mantienen activo y en alerta, su cometido esencial de resguardo y respeto de los derechos constitucionales, a la vida, a la libertad y a la intimidad de todos los habitantes de la Nación".
Por su parte, los concejales de Ushuaia Juan Carlos Pino, Ricardo Garramuño, Javier Branca, Gabriel De La Vega, Mariana Oviedo y Laura Avila, pertenecientes a distintas fuerzas políticas, presentaron un proyecto conjunto de ordenanza que propone la "prohibición de aplicaciones móviles en el ámbito de la ciudad, de carácter obligatorio o compulsivo, que limiten, restrinjan o cercenen los derechos y garantías reconocidos por la ley y la Constitución, como la transferencia de datos personales, de geolocalización y de cualquier otra índole de las personas".
"Proteger la salud no puede ser un argumento para soslayar otros derechos, sino que toda medida debe ir acompañada de la más alta protección de los derechos", sostiene el proyecto de ordenanza, y agrega que las medidas que se adopten deben ser "fundadas, proporcionadas y no deben ser excesivas e irracionales".
A su vez, la App desarrollada por la empresa Pixart Argentina apareció hoy como disponible para ser descargada de la tienda de Google en los teléfonos con sistema Android.
Entre los permisos para bajar la aplicación figura que el usuario deberá aceptar el acceso a la ubicación del teléfono a través del GPS, contactos telefónicos y fotografías, entre otros, lo que despertó una ola de críticas de fueguinos en las redes sociales.
Sin embargo, en la "política de privacidad" de la App, se aclara que los datos proporcionados por los usuarios "son confidenciales" y que por ejemplo, la ubicación mediante el GPS "sólo se utilizará a la hora de registrarse y realizar las autoevaluaciones" médicas.