El aislamiento social y las cuarentenas obligatorias obligaron a todo el sistema a repensarse y establecer nuevos marcos que permitan mantener el circuito productivo en funcionamiento.
En este contexto, diputados y senadores están trabajando en una nueva ley que regule el home office. Esta regulación, que retoma un proyecto de 2002, es impulsada por Darío Martínez, diputado del Frente de Todos, y la senadora del PRO Gladys González.
"Esta pandemia va a modificar los hábitos de la gente y eso repercutirá en la legislación laboral", explicó Martínez en diálogo con La Nación.
Durante esta semana, el legislador espera presentar la propuesta al Poder Ejecutivo para validarla. En ella se detalla que el teletrabajo implica de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la LCT, en las cuales el objeto del contrato o de la relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del/de los establecimiento/s del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC).
Entre los puntos destacados, se explica que el teletrabajador gozará de los mismos derechos que los demás empleados bajo relación de dependencia, con los mismos convenios colectivos.
Asimismo, esta modalidad sería voluntaria y toda conversión deberá contar con su conformidad expresada por escrito. En caso de que el empleado aporte su propio equipamiento, el empleador debería compensar la totalidad de los gastos por su uso. Además, se busca asegurar un mínimo de jornada laboral presencial y el resguardo de la intimidad del trabajador y de la privacidad de su domicilio
La propuesta de la senadora macrista, por su parte, plantea los mismos lineamientos generales que el proyecto de Martínez -lo cual da cuenta de un consenso básico-, en la medida en que define al teletrabajo como una relación laboral enmarcada en la LCT y en cuanto busca garantizar la igualdad de trato en cuestiones como la remuneración, la capacitación, la formación, el acceso a mejores oportunidades de trabajo y otros derechos.
González define el teletrabajo como una modalidad laboral que se adapta al cambio social, cultural y ambiental que sufren nuestras sociedades y al nuevo rol de las mujeres. Uno de los artículos más novedosos del proyecto es el que le otorga al trabajador el derecho a "optar por adquirir la modalidad de teletrabajo durante los 12 primeros meses posteriores al nacimiento o adopción de hijo/a, siempre que la naturaleza de sus actividades se lo permita". En el texto se aclara que los plazos aplicarán también para quien no haya sido la persona de la pareja que gestó al hijo.
"Trabajar desde casa tiene muchos beneficios, pero para poder gozarlos tenemos que legislar, regular y establecer derechos y obligaciones claras para todos", dijo González a La Nacion.
Y agregó que con esta modalidad "no solo podemos ganar tiempo para estar con nuestros seres queridos y construir una sociedad más justa entre varones y mujeres, sino que también el teletrabajo permite incluir a personas con discapacidades y movilidad reducida, e incluso contaminar menos, al reducir los viajes de ida y vuelta al trabajo".