Estados Unidos comenzó el lunes a exponer sus argumentos ante un tribunal británico que está a cargo de estudiar el caso de extradición de Julian Assange.
En sus primeras mociones, los fiscales estadounidenses pidieron la extradición del fundador de WikiLeaks afirmando que no es un paladín de la libertad de expresión sino un criminal "ordinario" que puso a miles de vidas en peligro al destapar secretos oficiales.
Estados Unidos desea procesar a Assange por cargos de espionaje que conllevan una pena máxima de 175 años de cárcel debido a la publicación en 2010 de miles de documentos secretos militares y diplomáticos. Assange insiste en que es un periodista protegido por la libertad de expresión.
James Lewis, abogado representante del gobierno estadounidense, afirmó que esa difusión de documentos secretos fue "una de las mayores violaciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos".
"El periodismo no puede ser una excusa para actividades criminales, ni una li_cencia para violar las leyes ordinarias", alegó el abogado.
Decenas de partidarios de Assange se concentraron afuera del Tribunal de la Corona de Woolwich, gritando consignas a su favor. Poco antes del receso para almorzar, el australiano se quejó de que no podía concentrarse debido al ruido exterior.
Assange, de 48 años, fue trasladado al tribunal procedente de la prisión Belmarsh, donde ha estado confinado los últimos 10 meses. Confirmó su nombre y su fecha de nacimiento, y asentó con la cabeza hacia el grupo de reporteros antes de tomar asiento.
La audiencia de extradición sigue a años de subterfugios, disputas diplomáticas y drama legal que obligaron al australiano de 48 años a refugiarse dentro de la embajada de Ecuador en Londres y posteriormente ser encarcelado en una prisión británica de máxima seguridad.
En Estados Unidos, Assange está acusado de 18 cargos por la publicación de documentos clasificados. Los fiscales dicen que conspiró con la analista de inteligencia militar Chelsea Manning para infiltrarse en una computadora del Pentágono y difundir miles de cables diplomáticos secretos y archivos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán.
Las autoridades estadounidenses dicen que las actividades de WikiLeaks ponen en peligro la vida de los estadounidenses. Assange argumenta que estaba actuando como periodista amparado en la Primera Enmienda constitucional, y que los documentos filtrados expusieron las fechorías del ejército estadounidense. Entre los archivos publicados por WikiLeaks estaba el video de un ataque con helicóptero Apache en 2007 en Bagdad que mató a 11 personas, incluidos dos periodistas de Reuters.
Organizaciones de periodismo y grupos de libertades civiles, incluidos Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, dicen que los cargos contra Assange establecen un precedente escalofriante para la libertad de prensa.
La saga legal de Assange comenzó en 2010, cuando fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, que quería interrogarlo sobre las denuncias de violación y agresión sexual presentadas por dos mujeres. En 2012, buscó refugio dentro de la embajada ecuatoriana, donde quedó fuera del alcance del Reino Unido y las autoridades suecas.
El fundador de WikiLeaks compareció este lunes ante la corte londinense de Woolwich al inicio de su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por dieciocho cargos de espionaje e intrusión informática por revelar información confidencial de ese país en 2010.
Vestido con un traje gris y el pelo blanco, Assange, cuya salud se ha deteriorado tras casi una década de confinamiento en el Reino Unido, habló para confirmar su identidad y decir que comprendía el procedimiento.
En la galería del público estaba el actual director del portal digital de revelación de secretos, Kristinn Hrafnsson, y el padre del informático, John Shipton, que, en declaraciones previas a la prensa, reclamó que su hijo, que no ha sido condenado por ningún delito, pueda salir en libertad condicional.
A las puertas de la corte -anexa a la prisión de Belmarsh, donde Assange cumple prisión preventiva-, decenas de manifestantes pedían su liberación y la suspensión del proceso de extradición auspiciado por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Por parte del equipo legal en España del australiano, el jurista Baltasar Garzón manifestó a los periodistas que todo el proceso "es una locura" y "políticamente motivado", más cuando EEUU ha advertido que los extranjeros no están cubiertos por la primera enmienda de su Constitución, que protege la libertad de expresión.
Al pedir la entrega de Assange por difundir registros de las guerras de Afganistán e Irak y miles de cables diplomáticos que revelaron abusos de derechos humanos, el Gobierno de EEUU "quiere blindar su sistema de inteligencia contra cualquier periodista", lo que atenta contra la libertad de prensa, sostuvo.
Varios eurodiputados asisten como observadores a este juicio, entre ellos la española Sira Rego, de Unidas Podemos (izquierda), quien señaló que, con este proceso, "la democracia está en riesgo", pues se habla de derechos fundamentales como el de información pero también "de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que el Gobierno de EEUU lleva a cabo impunemente en todo el mundo y que se han conocido gracias a las filtraciones de WikiLeaks".
En el primer tramo del proceso, entre este lunes y el viernes, empezó hoy su exposición el fiscal James Lewis, en representación de la Justicia estadounidense, que pidió la entrega de Assange para ser enjuiciado por diecisiete delitos relativos a la ley de espionaje y uno al amparo de la ley de fraude y abuso informático, que implican hasta 175 años de cárcel.
Lewis explicó que se requiere al galardonado activista por "alentar y ayudar" al exsoldado estadouni_dense Bradley Manning (actualmente Chelsea Manning), a obtener ilegalmente información clasificada de ordenadores oficiales, que WikiLeaks publicó después entre 2010 y 2011.
Los documentos revelados en colaboración con periódicos de todo el mundo, entre ellos "El País" en España, eran registros militares que expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre los arrestos extrajudiciales en la bahía de Guantánamo y cables diplomáticos sobre otros Gobiernos.
Lewis subrayó que no se persigue a Assange por su actividad como periodista (negó que lo sea, aunque tiene el carné) sino por el crimen de tratar de acceder a ordenadores oficiales y "poner en peligro" la vida de "fuentes e informantes" citados en los documentos.
Aunque la defensa detallará sus argumentos en los próximos días, en una vista preliminar la semana pasada el primer abogado, Edward Fitzgerald, reveló que existen pruebas de que Donald Trump ofreció el indulto a su cliente si negaba la implicación de Rusia en una filtración de correos electrónicos en 2016 que perjudicó a su rival política, la demócrata Hillary Clinton.
Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada en Londres de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político, y ahora en Belmarsh a la espera de que se resuelva este proceso.