El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que afectará a empresas que utilicen la publicidad dirigida y que facturen anualmente al menos 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones de euros en España.
El Gobierno, que garantiza que las pymes no pagarán el impuesto y que protegerá al sector de las 'startups', calcula que la recaudación con la 'tasa Google' será de 968 millones de euros, unos 232 millones menos de los previstos en 2018, debido a la ralentización de la economía y a la experiencia de otros países que ya lo han implementado.
"España moderniza su sistema fiscal haciéndolo más justo, más progresivo y redistributivo", ha señalado tras la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La publicidad dirigida clasifica a los clientes que utilizan las páginas webs teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Esa información personal, obtenida a través de las 'cookies' –información que se almacena en el navegador del usuario sobre las páginas webs visitadas–, se vende a otras empresas. El impuesto gravará el 3% de la venta de esos datos, así como de servicios de publicidad e intermediación en línea y la venta de metadatos.
Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros.
Montero ha señalado que la liquidación de este impuesto no se llevará a cabo "al menos hasta el 20 de diciembre de 2020" de manera excepcional para dar "margen" para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas. Además, la ministra portavoz ha señalado que, en el caso de que se de un acuerdo mundial, la legislación española se adaptará a él.
La Comisión Europea fue la primera en proponer la creación de una tasa digital en marzo de 2018: la idea era aplicar un impuesto a nivel europeo que cubriese "las principales actividades digitales" por las que no se tributaba en la Unión Europea (UE) y reformar las leyes tributarias para empresas de tal manera que los negocios tuviesen que tributar por los beneficios allí donde desarrollasen "una interacción significativa" con sus usuarios a través de las redes sociales.
En la reunión de marzo de 2019 del Ecofin, donde están presentes todos los ministros de Economía y Finanzas de la UE, se decidió paralizar la tasa digital al no haber unanimidad para aprobarla ante el rechazo frontal de los países nórdicos, señala EuropaPress.
La OCDE optó en mayo de 2019 un plan de trabajo que buscaba intensificar las conversaciones para resolver "los desafíos tributarios provenientes de la digitalización de la economía" con una solución a largo plazo a finales de 2020.
Francia aprobó en julio de 2019 su propio impuesto digital: la tasa sobre los servicios digitales, conocida como 'tasa GAFA', conocida por ese nombre por las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon. El impuesto fija un gravamen del 3% sobre la facturación de aquellas empresas digitales cuyas ventas mundiales sean superiores a los 848 millones de dólares a nivel mundial y a los 28 millones de dólares en Francia.
La aprobación de esta tasa desencadenó una escalada de tensión entre el país galo y EEUU, con amenazas por parte de la Administración estadounidense de imponer aranceles del 100% a productos franceses. El presidente galo, Emmanuel Macron, acordó con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, la paralización de la implantación de la 'tasa GAFA' y la retirada de los aranceles para dar margen a que se produzcan conversaciones en el seno de la OCDE para llegar a una solución global a la fiscalidad digital.
Ese mismo mes, el G7 –conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– decidió en su reunión de julio de 2019 apoyar en el seno de la OCDE la creación para finales de 2020 de un sistema que permita gravar aquellos modelos de negocio digitales sin presencia física en los mercados donde realizan sus actividades, así como de fijar un nivel mínimo impositivo para las empresas, consigna EuropaPress.
El ministro de Asuntos Económicos francés, Bruno Le Maire, celebró el entendimiento con el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, el mismo que luego ha amenazado en el Foro de Davos en enero de 2020 diciendo que: "si la gente quiere poner impuestos de forma arbitraria a nuestras empresas digitales, nosotros consideraremos poner impuestos de forma arbitraria en empresas automovilísticas".
La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido que no se llame al nuevo impuesto 'tasa Google' porque su objetivo no es ir "contra una empresa específica", sino establecer un impuesto para garantizar que el valor añadido generado por las grandes multinacionales digitales se grava "donde se genera".
Montero ha vuelto a insistir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "en ningún caso" habrá discriminación en función de nacionalidad o del tipo de empresa. Mnuchin señaló en Davos que interpreta las tasas digitales como "discriminatorias" contra las empresas estadounidenses, como las previstas por Reino Unido e Italia para 2020 o la 'tasa GAFA' aprobada en Francia.
El Gobierno español ha aplazado el pago del impuesto hasta finales de 2020 tras mantener conversaciones con EEUU, según anunció Calviño este lunes. Esta decisión, confirmada este martes por Montero, es similar a la que tomó el gobierno francés después de que la aprobación de la 'tasa GAFA'. Calviño matizó –igual que lo hizo en su momento Francia– que no se trata de una suspensión del gravamen, sino de un aplazamiento de la liquidación hasta finales de ejercicio.
El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín Mariñas, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la 'tasa Google' "teóricamente está bien porque es una manera de que parte de las transacciones que realizan" los gigantes tecnológicos "acaben tributando en España", pero que se tendría que llegar a un acuerdo más global: "Lo lógico es que esto fuese una cuestión de más cooperación internacional", ha destacado.
"Las grandes compañías también tienen que pensar que tiene que haber una compensación: deben conjugar el consumo con una mayor tributación, lógicamente en esos países donde están esos consumidores. Tiene que llegar un acuerdo entre los países avanzados y ese tipo de compañías", ha señalado Sanmartín Mariñas.
En esta línea, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, ha señalado en declaraciones a Europa Press que si bien la 'tasa Google' es un "tema justo" teniendo en cuenta los amplios beneficios de los gigantes tecnológicos, "lo ideal hubiese sido una respuesta conjunta de la UE": "Que fuera la Unión Europea la que de alguna forma difuminara las responsabilidades de cada país como un tema conjunto".
Pedraza ha destacado que "adelantarse, ser avanzadilla, no beneficia demasiado cuando la recaudación de impuestos es tan pequeña" y que el anuncio de la 'tasa Google', junto a la 'tasa Tobin', parece más un intento de "acostumbrarnos a una subida de impuestos que a otra cosa". Además, ha subrayado que España ya tiene abierto un contencioso con EEUU por la oliva.
La asociación ATTAC, que se creó en Francia como grupo de presión en apoyo a la Tasa Tobin, considera que el impuesto digital tal y como se plantea no es suficiente para reformar la fiscalidad de las grandes multinacionales. Raphaël Pradeau, portavoz de la asociación, describe la 'tasa GAFA' como "simbólica", critica que las cantidades que se pretenden recaudar no corresponden a las de "la evasión fiscal practicada" por estas empresas y además subraya que "cuando tomamos una medida solos, somos mucho más sensible a las presiones", en referencia a las ejercidas por EEUU sobre el gobierno galo.
ATTAC propone una tributación unitaria para las multinacionales en su informe 'La 'tasa GAFA', una falsa solución a la evasión fiscal': se consideraría a las multinacionales como una sola entidad, se calcularía cuántas actividades realizan en cada país a partir de medidas como el número de asalariados que tengan, el volumen de ventas y de activos, etc. y a partir de ello, se cuantificaría el porcentaje de impuestos que la empresa debe tributar en ese determinado territorio. La asociación considera que una medida así impediría que se llevase a cabo "una técnica utilizada masivamente por las multinacionales, que es transferir sus beneficios a la filial que no pague impuestos", ha subrayado Pradeau, uno de los autores del informe.