A partir de la aparición de fintech, la Argentina comenzó a mejorar sus niveles de inclusión financiera. Es decir, el público que generalmente quedaba fuera del target de los bancos pudo acceder a productos financieros –como préstamos y tarjetas–, que hasta el momento le eran vedados.
De acuerdo con el informe "El Microscopio global de 2019", patrocinado por el BID y la fundación que dirige Bill Gates, la Argentina se ubicó en el séptimo puesto entre 55 naciones emergentes, subiendo así dos escalones con respecto a la edición 2018.
Los primeros tres lugares fueron ocupados por Colombia, Perú y Uruguay, quienes repitieron la ubicación obtenida el año pasado. El top-five lo completaron México, que trepó dos posiciones; y la India, que descendió una.
Para calcular el índice, el trabajo indaga sobre los siguientes cinco vectores:
1-Gobierno y apoyo de políticas
2-Estabilidad e integridad
3-Productos y puntos de venta
4-Protección del consumidor
5-Infraestructura
Según el informe, gran parte de esta mayor calificación de la Argentina está relacionada con mejores regulaciones. Y destaca el borrador sobre inclusión financiera publicado por el Gobierno a fines de agosto.
Pero, fundamentalmente, resalta el papel del país para propiciar el crecimiento del sector fintech y elogia la creación de las mesas de innovación del Banco Central.
"Argentina ha demostrado una capacidad avanzada para supervisar estos servicios, luego de la creación de grupos de trabajo donde las partes interesadas presentan opiniones y propuestas, que luego se compilan en documentos técnicos para su revisión por parte de los reguladores antes de emitir nuevas reglas y pautas de supervisión", dice el texto.
También remarca que en el caso de la Argentina "mantener una perspectiva de género es un objetivo transversal en la estrategia y el gobierno ya ha tomado medidas para desarrollar y medir indicadores de inclusión financiera desagregados por sexo y para impulsar una iniciativa de paridad de género en el gobierno nacional".
En la columna de pendientes, el informe señala que "el Poder Ejecutivo de Argentina propuso una ley actualizada de protección de datos en 2018, pero que el Congreso aún no ha codificado estos cambios en la ley", por lo que el país muestra "una fuerte capacidad para hacer cumplir las regulaciones existentes".