El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la fiscalía anticorrupción reabra el caso $LIBRA, la causa archivada en la que se investigó a Javier y Karina Milei.
Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá definir si el expediente vuelve a abrirse, mientras Casación revisa si los inversores damnificados pueden volver como querellantes, tal y como informó Ámbito.
Taiano dictaminó en contra del planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que conduce el fiscal Sergio Rodríguez y pretendía asumir el ejercicio de la acción penal.
En su nuevo dictamen ratificó el criterio con el que cerró la instrucción, consideró que no corresponde retrotraer las actuaciones ni delegar la investigación en el organismo especializado, y defendió los sobreseimientos.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, conocida como PIA, es la fiscalía especializada en corrupción y pidió hacerse cargo del expediente $LIBRA. Se presentó el 29 de octubre para impulsar la acción penal, tras un planteo de las organizaciones CIPCE e INECIP.
Para Rodríguez, el cierre fue prematuro: "No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario". Entre las medidas pendientes, señaló peritajes sobre teléfonos celulares, pedidos de cooperación internacional y el borrado de contenidos que atribuyó a Mauricio Novelli y Sergio Morales.
Según el fiscal, además falta aclarar cómo el Presidente obtuvo y difundió el contrato con el que los inversores pudieron comprar $LIBRA, que aparentemente no era de acceso público.
El cierre del caso $LIBRA llegó el 23 de octubre. Ese día, Martínez de Giorgi aceptó el pedido de Taiano y sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y a otros nueve imputados porque los hechos no encuadraban en una figura penal.
Sobre el Presidente, el dictamen sostuvo que no se probó que hubiera intervenido en una operación económica en ejercicio de su cargo. En cuanto a la estafa, la fiscalía de Taiano determinó que no se acreditó un engaño penalmente relevante.
La definición del caso $LIBRA depende de dos frentes judiciales:
Primera instancia y Cámara Federal: Martínez de Giorgi retomó sus funciones y debe resolver el planteo. Daniel Rafecas, que lo subrogaba, le dio vista a Taiano antes de decidir. La PIA apeló en subsidio para que, si su pedido es rechazado, la Cámara Federal porteña pueda revisar la decisión.
Casación: la Sala II concedió por mayoría un recurso para revisar si dos damnificados vuelven como querellantes, después de haber sido apartados a pedido de Novelli. Esa resolución no deja sin efecto los sobreseimientos de octubre, pero si Casación confirma la querella de los compradores, podrían pedir medidas probatorias y apelar los sobreseimientos.
Si confirma el rechazo, la fiscalía quedaría como único titular de la acción penal. El asunto se definirá en 2027.