El Gobierno impulsa –dentro de su Ley de Competitividad Financiera– el cobro del impuesto a las Ganancias por la venta de CEDEAR, los certificados de depósito de empresas extranjeras utilizados por miles de argentinos para dolarizar sus carteras.
El Ejecutivo fundamenta el cambio en cuatro motivos:
La iniciativa propone una alícuota de 15% sobre la ganancia de la venta, determinada en moneda dura.
Aplica –en ese sentido– un criterio de transparencia fiscal o look-through: el certificado tributaría igual que el activo extranjero que representa.
La iniciativa alcanza a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 y a las personas físicas.
Hoy los CEDEAR están exentos por el artículo 26, inciso u), de la Ley de Ganancias. Por tal motivo, el proyecto propone reemplazar ese inciso. El foco está en el resultado de la compraventa: los dividendos del exterior ya están gravados.
Según el texto, la redacción vigente abrió una "fisura" por la que inversores locales compran certificados para gozar de la exención de los valores locales.
En realidad, invierten en activos extranjeros que, comprados directamente, estarían plenamente gravados.
Para el Ejecutivo, la medida corrige una distorsión y restaura la equidad horizontal del sistema.
Sostiene además que las decisiones deben regirse por el rendimiento de los activos y no por ventajas fiscales derivadas del vehículo jurídico.
El Gobierno fundamenta la reforma en la necesidad de orientar el ahorro hacia inversiones que aporten a la economía local.
Los CEDEAR permiten invertir desde la Argentina en acciones de empresas extranjeras, como Apple o Microsoft, sin comprarlas en el exterior.
El tributarista Sebastián Domínguez explicó que la compraventa en un mercado autorizado por la CNV está exenta.
"Con la reforma, quien compre después de la fecha de corte y obtenga un resultado positivo pagaría 15% sobre esa ganancia", agregó.
El impuesto no recae sobre todo el dinero invertido, sino sobre el resultado de la operación.
Un análisis difundido sostiene que el 15% mueve el punto de equilibrio de las operaciones de corto plazo y encarece el "ida y vuelta".
Aún faltan definiciones sobre excepciones, la mecánica de liquidación y el tratamiento de las tenencias previas al 31 de octubre. Tampoco hay cifras oficiales sobre el impacto en el volumen operado del mercado.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem.
El documento cuenta con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva.
Ahora, deberá atravesar el debate legislativo para convertirse en ley.
Por eso, el 15% no es un impuesto vigente: su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso y de las condiciones finales, y el texto puede cambiar en el camino.
El proyecto también quita la exención a ciertos fondos comunes abiertos cuyo reglamento permita invertir en activos del exterior por encima del límite legal, para cuotapartes adquiridas desde el 31 de octubre.
La Ley de Competitividad Financiera posee 240 artículos y modifica más de una veintena de normas. Sturzenegger la anticipó como el "broche de oro" de la transformación del mercado de capitales.