Un estudio de Econviews analizó cerca de 1,75 millones de casos de deudores de bancos y fintech que volvieron a una situación normal entre agosto de 2024 y junio de 2026. Pero volvieron muchos de ellos volvieron a caer en mora:
La curva muestra que el deterioro no es parejo. La mayor parte de las recaídas se concentra en el primer semestre, con un salto de casi trece puntos entre el tercer y el sexto mes. Ese patrón demuestra que el momento crítico de una refinanciación no es la primera cuota sino el tercer o cuarto mes, cuando el alivio inicial se agota y la cuota nueva empieza a competir con el resto de los gastos.
El relevamiento llega en un momento en que la refinanciación es la política central de entidades y reguladores frente a la mora. El superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Juan Curutchet, informó que los bancos reestructuran la deuda de 115.000 clientes por mes:
La consultora 1816 añade que el saldo refinanciado por los hogares superó los $2,7 billones, un máximo histórico.
La cuestión de fondo es que, si el 48,5% de los refinanciados vuelve a caer dentro del año, el efecto neto de la política es bastante menor al que sugieren las cifras brutas de refinanciación.
El economista y asesor financiero Martín Aguirre asegura a iProUP por qué esa diferencia importa para leer los indicadores oficiales: "El sistema mide refinanciaciones otorgadas, no las cumplidas. Son dos cosas distintas: la brecha entre ambas define si la política funciona o solo corre el problema hacia adelante".
El experto considera que "un dato de recaída a doce meses es el único indicador honesto de efectividad y por eso prácticamente nadie lo publica."
Hay una consecuencia práctica del incumplimiento que el deudor suele descubrir tarde y es de las más costosas. Según Defende.me, plataforma de recuperación financiera, cuando una refinanciación se interrumpe y la deuda pasa a cobranza pueden aparecer diferencias entre los pagos realizados y el saldo que se informa en la nueva instancia.
Juan Manuel Baya Casal, fundador y CEO de la compañía, lo describió así: "Nos encontramos con personas que pagaron durante meses y después, cuando la deuda cambia de manos o vuelve a negociarse, esos pagos no aparecen correctamente reflejados".
"Si tenemos los comprobantes, podemos acreditar lo que efectivamente se pagó y discutir el saldo sobre el que se va a negociar. Sin esa documentación, reconstruirlo es mucho más difícil", añade.
La recomendación concreta que se desprende de eso. Conservar el comprobante de cada pago realizado, incluso cuando la refinanciación ya no pueda seguir pagándose. Esos documentos son lo que permite discutir el saldo real sobre el que se negocia después.
El punto no es menor en el contexto actual. Según el Instituto Argentina Grande, 882.173 deudores ya tenían en julio sus deudas transferidas a casas de cobranza, con once entidades concentrando el 15% de los morosos del país.
Cada uno de esos pases de mano es una instancia donde el saldo puede recalcularse.
En el caso de una persona con ingresos mensuales de $1 millón y una deuda de tarjeta de $17 millones; el cálculo, que toma únicamente capital, plazo y tasa, arroja lo siguiente.
Con una TNA del 50%:
Con una TNA del 20%, considerablemente más baja que la del mercado:
Si esa persona pudiera destinar (como máximo) alrededor de $300.000 por mes al pago de la tarjeta, ni bajar la tasa ni extender el plazo alcanzarían para llegar a una cuota compatible con ese límite.
Una deuda de $17 millones equivale a 17 meses de ingreso completo: cuando la relación entre deuda e ingreso supera cierto umbral, el problema deja de ser de condiciones financieras y pasa a ser de solvencia.
Hay cinco preguntas concretas que conviene hacerse antes de aceptar un plan:
La compañía sostiene que no hay un porcentaje del salario que pueda aplicarse de manera automática para determinar cuánto debería pagar una persona endeudada. Una cuota que representa el 30% del ingreso puede ser sostenible para alguien con determinados gastos e imposible para otro.
Esa afirmación choca con un criterio muy extendido. El límite del 30% para el conjunto de obligaciones financieras es el que usan varios programas de refinanciación como requisito de elegibilidad. El planteo de la compañía es que lo que importa no es el porcentaje sino el ingreso disponible después de gastos esenciales.
Antes de cerrar un nuevo plan de pagos, la recomendación es revisar la situación completa, la que contempla ingresos disponibles, gastos esenciales, otras deudas y obligaciones vigentes.
"Muchas veces hay voluntad de pago. Lo que no hay es capacidad para sostener la cuota que se acordó. Si frente a una refinanciación caída la respuesta es simplemente ofrecer otra que tampoco contempla esa realidad, lo más probable es que volvamos al mismo lugar", resume Baya Casal.
Y plantea: "Un buen acuerdo no es el que permite pagar la primera cuota, sino el que da una posibilidad real de llegar a pagar la última".
Lucía Marchessi, economista especializada en endeudamiento, agrega que "el informe del Banco Nación mostró que los pagos de deuda pasaron del 9,1% al 24% de la masa salarial".
"Con esa carga, una refinanciación no libera capacidad de pago, solo redistribuye la presión en el tiempo. Mientras el ingreso real no se recupere, cualquier acuerdo es una apuesta a que el mes que viene va a ser mejor, y eso no es una política de crédito, es un deseo", cierra.