El proyecto que preparan el Ministerio de Desregulación y la CNV modificará desde prendas y warrants hasta obligaciones negociables, pagarés y Facturas de Crédito MiPyME. El objetivo declarado es elevar el financiamiento privado, que hoy representa entre 7% y 8% del PBI. Sturzenegger lo definió como "el broche de oro" del proceso de desregulación.
De todo lo que se puede resaltar, hay una modificación con efecto directo sobre miles de comercios que operan con tarjeta. A partir de una propuesta del Banco Central, las liquidaciones de los cupones de tarjeta de crédito pasarán a convertirse en títulos valores electrónicos negociables.
La intención es que los comercios no dependan exclusivamente del financiamiento que les ofrece el banco emisor y puedan descontar esos cupones en el mercado secundario, buscando tasas más competitivas.
El funcionamiento hoy marca que cuando un comercio vende con tarjeta, no cobra en el acto sino que espera entre 8 y 18 días. Si necesita el dinero antes, cede ese derecho de cobro con una quita, y las opciones disponibles son pocas.
Convertir ese cupón en un título negociable permitiría que distintos oferentes compitan por descontarlo, lo que en teoría presiona las tasas a la baja.
Esa medida venía anticipándose desde agosto, cuando trascendió que el BCRA trabajaba en un circuito de negociación abierta de cupones de tarjeta.
Uno de los ejes centrales será la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, que dependerá del Banco Central y reemplazará la intermediación obligatoria del Ministerio de Justicia para el régimen de prendas. Con el nuevo esquema, empresas y particulares podrán inscribir gravámenes directamente, sin pasar por ese intermediario.
Además, se habilitarán segundas y terceras prendas sin necesidad de contar con el consentimiento del primer acreedor prendario, algo que hoy no es posible.
El proyecto también elimina un monopolio legal. Actualmente, solo las entidades bancarias tienen la vía ejecutiva de las prendas. Con la reforma, cualquier acreedor podrá iniciar la ejecución judicial.
La lógica que plantea el Gobierno es que las partes acuerden con mayor libertad qué bienes utilizar como respaldo de una operación.
Ignacio Parizzia, abogado con foco en derecho bancario, señala a iProUP el punto más importante: "Habilitar segundas y terceras prendas sin consentimiento del primer acreedor amplía el crédito disponible para el deudor, eso es cierto. Pero también cambia el cálculo de riesgo del primer acreedor, que ya no controla qué otros gravámenes pesan sobre el bien que tiene como garantía. La pregunta es si eso se traduce en más crédito o en primeras prendas más caras".
La reforma ampliará los activos que podrán utilizarse como respaldo de un financiamiento.
Entre las incorporaciones estarán las cosechas futuras, mediante un mecanismo similar al de la cédula de producto rural que se utiliza en Brasil.
Ese instrumento permite al productor obtener financiamiento hoy comprometiendo producción que todavía no cosechó. En Brasil funciona desde hace décadas y es una de las vías principales de financiamiento del agro.
En el régimen de warrants, el Ejecutivo introducirá tres cambios:
En el caso de pagarés y letras de cambio, la reforma formalizará la posibilidad de emitir títulos respaldados por bienes físicos.
Para las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, se eliminarán intermediarios obligatorios, con el objetivo de facilitar el acceso directo de las pequeñas y medianas empresas a los mercados bursátiles autorizados.
Sturzenegger sostuvo que la operatoria actual incluye intermediaciones que agregan costos y pasos innecesarios.
El proyecto incorporará además a la ley el sistema de aprobación automática que la CNV ya implementó para colocaciones de hasta 100 millones de UVA, equivalentes a unos u$s140 millones. Ese mecanismo reemplaza el control previo por una auditoría técnica posterior.
Roberto Silva, presidente de la CNV, describió el alcance del proyecto: "La iniciativa incluirá modificaciones sobre la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de Inversión, el régimen de Obligaciones Negociables, fideicomisos, warrants, pagarés, tarjetas de crédito y otras normas vinculadas al financiamiento privado".
Y agregó: "Hay muchas mejoras para los instrumentos financieros, para las garantías y para todo el sistema en general".
Hay dos derogaciones que merecen atención por su impacto concreto.
La ley de financiamiento colectivo o crowdfunding quedaría sin efecto. Esa norma regula las plataformas que permiten a inversores minoristas financiar proyectos y empresas en etapa temprana.
La regulación específica sobre planes de ahorro y capitalización también se eliminaría. En el caso de las automotrices, los contratos pasarían a regirse directamente por el Código Civil y Comercial, mientras los conflictos se resolverían en el ámbito de Defensa del Consumidor, eliminando el circuito administrativo ante la Inspección General de Justicia.
Ese último cambio afecta a cientos de miles de personas con planes de ahorro para la compra de autos, un segmento históricamente conflictivo en materia de reclamos.
El objetivo declarado es elevar el peso del financiamiento privado en la economía argentina. Hoy ese financiamiento representa entre 7% y 8% del PBI y se mantiene por debajo del promedio regional.
Para dimensionar la brecha, el crédito total al sector privado en Argentina ronda el 14,3% del PBI, contra un promedio latinoamericano cercano al 47,3%, según datos que viene relevando el sector bancario.
"Estamos por enviar ahora un proyecto al Congreso que como que da el broche de oro, cierra este proceso de transformación del mercado de capitales", anticipó Sturzenegger.
Una vez que la iniciativa ingrese al Congreso, Silva tendrá a su cargo la defensa de los aspectos técnicos. El Gobierno prevé que el texto tome estado parlamentario durante las próximas semanas.