Un relevamiento del Banco Central detectó que los mayores de 60 años quedan afuera del crédito hipotecario pero reciben ofertas de préstamos al 400% anual.
El diagnóstico se resume en una frase de Malena Garré, abogada y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en declaraciones publicadas por Infobae.
"Se las considera demasiado riesgosas para financiar una vivienda, pero suficientemente aptas para asumir deudas más caras y potencialmente más difíciles de pagar".
Los dos extremos de esa paradoja tienen números concretos.
Del lado del crédito caro. El relevamiento del BCRA sobre empresas fintech de préstamos detectó que el 77% de las firmas que permitían conocer o calcular el costo financiero total ofrecía un CFT superior al 150% anual. En más de la mitad de los casos ese indicador superaba el 400% anual, según los datos que cita Garré.
Del lado del crédito barato. Algunas entidades establecen una edad máxima de 65 años al momento de otorgar un préstamo hipotecario y de 75 al finalizarlo, mientras otras exigen que el solicitante no supere esa edad al pagar la última cuota.
El mecanismo no necesita una exclusión explícita para operar como barrera, y ese es el punto técnico del planteo.
Garré sostiene que los requisitos etarios funcionan como barrera indirecta aun cuando no haya una negativa anunciada de modo expreso.
El ejemplo es concreto. Una persona de 65 años que debe cancelar un crédito antes de los 75 queda limitada a un plazo de diez años. Eso implica cuotas considerablemente más altas y, en consecuencia, una exigencia de ingresos que mucha gente no cumple.
Para dimensionar la diferencia, un crédito hipotecario a 25 años en Argentina tiene hoy cuotas que representan aproximadamente el 25% de los ingresos requeridos. El mismo monto a diez años exige más del doble de ingresos mensuales.
"La edad no puede convertirse por sí sola en sinónimo de insolvencia", argumenta.
Según Garré, los ingresos previsionales estables, el patrimonio, las garantías, el nivel de endeudamiento y el historial de cumplimiento deben integrar una evaluación individual de la capacidad de pago.
Y aporta un dato regulatorio relevante: las normas del BCRA sobre clasificación de deudores se apoyan en la calidad crediticia y en el cumplimiento de las obligaciones, no en la edad como criterio aislado.
Valentina Ocampo, especialista en scoring crediticio y modelos de riesgo, explica dónde se origina técnicamente el problema: "Un modelo de riesgo que usa la edad como variable no está siendo discriminatorio por diseño, está reflejando una correlación estadística con la expectativa de vida y el plazo del préstamo."
La experta advierte que "el problema es cuando esa variable reemplaza al resto del análisis".
"Un jubilado con haber estable, sin deudas y con un inmueble propio tiene mejor perfil de repago que un asalariado de 35 años con cinco tarjetas al límite, y ningún modelo bien construido debería concluir lo contrario", concluye.
La discusión alcanza a una población que representa el 16,2% de la Argentina, más de 7,4 millones de personas de 60 años o más, según el Censo 2022.
El instrumento jurídico central es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27.360 y con jerarquía constitucional desde la ley 27.700.
Esa norma exige prevenir la discriminación y garantizar dignidad, autonomía, independencia y participación. Garré vincula específicamente el caso con el artículo 5, que prohíbe la discriminación por edad en la vejez.
Su lectura sobre los sistemas automatizados es precisa: los modelos de evaluación que penalizan a una persona por su edad pueden reemplazar el análisis de su situación concreta por un estereotipo. Esa práctica puede configurar una discriminación indirecta por vejez y contradecir los principios de trato equitativo del Código Civil y Comercial.
Va más lejos todavía. Restringir instrumentos que permiten construir patrimonio mientras se promueven créditos más onerosos puede constituir, según las circunstancias de cada caso, una forma de violencia económica o patrimonial, figura que la propia Convención contempla.
La vulnerabilidad no se agota en el acceso al crédito, y los números del fraude digital lo confirman.
Durante 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia recibió 34.468 reportes de delitos informáticos, un aumento del 21,1% frente al año anterior. El 63% correspondió a fraudes en línea, con maniobras vinculadas a compraventas por internet y operaciones de homebanking.
El dato que falta y que importa. La estadística oficial no publica un desglose nacional de víctimas por edad, lo que impide determinar qué proporción de las estafas afecta a personas mayores.
Garré cita un relevamiento privado de BTR Consulting difundido en 2026, donde el 89% de las personas mayores consultadas había estado expuesto a intentos de fraude digital y el 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación.
Su cuestionamiento apunta a cómo se asigna la responsabilidad después del engaño: "La digitalización no puede trasladar todos sus riesgos al eslabón más débil".
La especialista recuerda los deberes de información, seguridad, prevención y trato digno que imponen la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial y la regulación del BCRA.
Las medidas concretas que propone. Que los sistemas detecten operaciones que se aparten del comportamiento habitual de la persona por monto, horario, dispositivo, ubicación o secuencia de movimientos. Y que se implementen autenticaciones accesibles, alertas comprensibles, demoras preventivas, atención humana inmediata y procedimientos simples para desconocer transferencias o consumos.
El acceso tecnológico entre las personas mayores es más alto de lo que el prejuicio sugiere, pero desigual.
En el cuarto trimestre de 2024, casi 88 de cada 100 personas de 60 años y más utilizaban celular. El uso de al menos una tecnología alcanzaba al 93,7% entre quienes tenían de 60 a 74 años y descendía al 78,8% desde los 75.
Entre las personas de 65 años y más que no usaban internet, casi cuatro de cada diez dijeron que no sabían hacerlo.
La brecha educativa es la más marcada. El 94% de quienes tenían estudios superiores usaba internet, frente al 67% de quienes no completaron la escuela secundaria.
Cuatro caminos concretos, aunque ninguno resuelve el problema de fondo.