La regulación más importante para criptomonedas, dado que alcanza al 90% de las stablecoins que circulan, es la Clarity Act, y será votada este martes 15 de septiembre en el Capitolio de los Estados Unidos, en etapa de Clousure, la anterior a la votación definitiva.
Esta ley viene siendo debatida sin resultados hace tres años, y su fracaso haría caer el precio de muchos activos digitales y apunta a las stablecoins, como USDT y USDC, que están nominadas en dólares, como la gran mayoría de estos tokens.
La contadora Aldana Fernández asegura a iProUP que "la Digital Asset Market Clarity Act es uno de los proyectos más importantes de regulación cripto en EE.UU. Establece un marco federal determinando qué activos digitales son valores (securities) y cuáles son commodities".
"Los valores (securities) quedarían bajo la órbita de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y los commodities, en la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Commodities), que supervisa los mercados de commodities y derivados, como futuros y opciones", indica.
Francesca Petrazzini, socia de OwnIt Legal, agrega que "los que funcionan sobre redes suficientemente descentralizadas y cumplen una función de uso antes que de inversión, son tratados como commodities digitales, bajo la CFTC. Bitcoin es el ejemplo típico".
Según Fernández, "la Clarity Act no viene a legalizar Bitcoin por que Bitcoin ya existe y se opera legalmente. Lo que busca esta ley es darle reglas claras al mercado de activos digitales".
"Estamos entrando en una nueva etapa de institucionalización del mercado cripto, donde el desafío va a ser cada vez menos tecnológico y cada vez más fiscal, contable y de compliance", argumenta.
Nicolás Pola, contador y asesor financiero, asegura que "el impacto del Clarity Act se debe a que una aprobación en Estados Unidos puede reducir parte de la incertidumbre regulatoria que todavía existe sobre el mercado cripto y favorecer una mayor participación institucional, algo que eventualmente puede trasladarse a la liquidez, adopción y valuación de los activos digitales que también utilizan los inversores argentinos".
"Una votación negativa, en cambio, prolongaría la incertidumbre regulatoria en el principal mercado financiero del mundo y puede ralentizar el ingreso de nuevos jugadores institucionales al sector. La Clarity Act no cambia directamente las reglas argentinas, pero sí puede cambiar el ecosistema global dentro del cual operan los argentinos".
Petrazzini aclara que "el proyecto busca, en algún punto, establecer reglas de juego claras para el sector y, con eso, habilitar capital institucional que hoy no entra porque no puede medir el riesgo regulatorio".
Petrazzini analiza las consecuencias de Clarity Act para distintos sectores argentinos:
El impacto más visible es el de mercado: cada avance o cada freno del proyecto puede repercutir de manera inmediata en el precio de los criptoactivos, en un mercado global que opera 24/7.
Ese efecto llega directamente a la Argentina: a las personas que tienen cripto en sus billeteras, a los fondos locales con exposición al sector y también a cualquier controversia judicial en la que deba valuarse uno de estos activos.
La Clarlity Act no se aplica a una exchange argentino por el solo hecho de convertirse en ley estadounidense. En la Argentina rige el régimen de PSAV bajo supervisión de la CNV, con sus propias obligaciones de custodia, ciberseguridad, prevención de lavado y divulgación de riesgos.
Pero puede generarse un efecto competitivo: las plataformas grandes operan en varias jurisdicciones al mismo tiempo, así que las exigencias que establezca un marco legal en Estados Unidos sobre custodia, transparencia y gestión de riesgos terminan filtrándose a los estándares de mercado en todos lados.
Para una plataforma regional, el listón sube: custodia, liquidez, seguridad y cumplimiento pasan a competir a la par de la comisión y de la cantidad de activos listados.
Como todavía es una materia relativamente novedosa, los países también miran cómo regulan los demás y qué consecuencias tienen esas decisiones para la industria, los inversores y la seguridad del sistema.
En ese proceso, los marcos de las grandes potencias suelen convertirse en referencia para los países que todavía están definiendo sus propias reglas.
Petrazzini sentencia que "la Argentina no cuenta con un marco regulatorio que clasifique los activos virtuales. El régimen local de tokenización parte de que el token es la representación digital de un valor que sigue custodiado en su forma tradicional. Es un envoltorio".
Pero, aclara, "jurídicamente, un activo que no representa nada depositado en ningún lado, es decir, un activo nativo, sigue sin definición. Y es exactamente ese tipo de activo el que la CLARITY Act intenta clasificar. No se trata de una tarea sencilla y así lo demuestra el propio trámite de la ley: tres años de discusión y todavía sin votar".
"Si el proyecto se sanciona, constituirá otro marco de referencia, como ya lo es MiCA en Europa", considera.
Petrazzini recuerda el ejemplo de la stablecoin ARGt. "En ese caso, la CNV analizó recientemente si existía un contrato de inversión referido al 'Howey Test', dado que la criptomoneda se ofrecía con un rendimiento de hasta 32% de TNA".
"El regulador concluyó que esa promesa de renta la convertía en un valor negociable y ordenó el cese de la oferta, siendo la misma frontera que trazó la GENIUS Act de EE.UU. al prohibirle al emisor de una stablecoin de pago pagar rendimiento por tenerla, usarla o retenerla", remarca.
Subraya que "es un ejemplo claro, que muestra como se puede mirar el criterio que siguen las normas en otros países. Por lo que, más allá de que los marcos regulatorios no se importan, lo que define Estados Unidos y otras jurisdicciones en sus marcos normativos, puede actuar como un compás para el resto".
Gilberto Santamaría, del Estudio Santamaría, remarca que "la regulación de criptomonedas en Argentina está dada por la Resolución General 1058/2025 para el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), orientada principalmente a la prevención del lavado de dinero". Y enumera:
La Argentina no necesita eliminar la definición del GAFI ni copiar ciegamente el modelo estadounidense, sino comprender que la definición del GAFI es funcional para la prevención de delitos financieros, pero resulta insuficiente como definición general de derecho privado.
El país necesita avanzar en una segunda etapa normativa que reconozca que no todo registro blockchain cumple funciones de pago o inversión. Un token puede ser una herramienta de acceso, un coleccionable, una posición en un protocolo o la representación de un derecho preexistente.
Aplicar la secuencia de Clarity en Argentina evita gravar o regular un activo únicamente por el uso coyuntural que se le da. Permite determinar con precisión si existe un hecho imponible, ganancia o transferencia analizando primero la naturaleza del objeto y la relación jurídica concreta celebrada a su alrededor.
"La mayor lección del Clarity Act para la regulación argentina es pasar de clasificar los criptoactivos exclusivamente por 'lo que hacen' a definir 'qué son'. Para lograr claridad regulatoria y tributaria en el país, primero se requiere claridad ontológica sobre el objeto regulado", concluye Santamaría.