La licitación por $200.000 millones para financiar nuevos créditos hipotecarios UVA abrió una nueva etapa para quienes buscan acceder a su primera vivienda.
La iniciativa utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y busca ampliar la oferta de préstamos bancarios.
Los bancos que obtengan los fondos tendrán un plazo de 120 días para lanzar nuevas líneas o ampliar las que ya tienen disponibles.
Los créditos deberán estar destinados a la compra de primera vivienda y tendrán una tasa máxima para el público de 7,5% anual, más la actualización de capital mediante UVA.
El esquema establece un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA, una cifra que, de acuerdo con la cotización de la unidad, ronda los u$s200.000.
El alcance real del préstamo dependerá también del valor de la propiedad y de la ubicación.
La licitación establece que las entidades financieras podrán realizar ofertas para acceder a los fondos del FGS: para captar esos recursos, deberán proponer tasas de entre 2,5% y 4,5%, más la actualización UVA.
Cada banco determinará luego las condiciones comerciales de los créditos que ofrezca a sus clientes, aunque los nuevos préstamos surgidos de esta convocatoria tendrán como referencia un tope de 7,5% anual más UVA.
El sistema UVA implica que tanto el capital como las cuotas del préstamo se actualizan de acuerdo con la evolución de la inflación. A ese ajuste se suma la tasa de interés anual establecida por cada entidad.
La licitación se puso en marcha en un mercado en el que varias entidades ya comenzaron a reducir sus tasas para captar nuevos clientes hipotecarios.
Banco Nación aparece entre las opciones con menor costo, con una tasa de 6,7% anual más UVA para quienes buscan financiar su primera vivienda.
También Banco Macro, Banco Credicoop, BBVA y Banco Ciudad cuentan con líneas que se ubican en torno a 7,5% anual más UVA o por debajo, de acuerdo con las condiciones indicadas por cada entidad.
La tasa no es el único factor que determina cuánto dinero puede conseguir una persona. Los bancos también analizan los ingresos del solicitante y establecen qué proporción puede destinarse al pago de la cuota.
En muchos casos, las entidades toman como referencia que la cuota represente alrededor de 25% de los ingresos computables del grupo familiar.
Sin embargo, el porcentaje y la forma de calcularlo pueden variar según cada banco.
Los trabajadores en relación de dependencia suelen tener un proceso de evaluación más sencillo porque sus ingresos pueden verificarse mediante el recibo de sueldo.
La situación es diferente para monotributistas y responsables inscriptos: en estos casos, los bancos no necesariamente toman la facturación total como ingreso disponible y pueden aplicar tablas propias para determinar cuánto dinero reconocen.
Por eso, dos personas con una facturación similar pueden obtener montos de crédito diferentes, según cómo cada entidad evalúe sus ingresos.