El Banco Central puso en marcha un nuevo puntaje obligatorio para las transferencias desde y hacia bancos y billeteras virtuales.
La disposición obliga a las entidades a usar un score de riesgo que servirá para mejorar la detección de operaciones sospechosas, pero modificará una de las transacciones más frecuentes entre los argentinos en el día a día.
Oficializada por la Comunicación "A" 8473, publicada el pasado jueves 3 de septiembre, la norma establece que, todos los meses, el BCRA le enviará a los administradores de esquemas de pago (como Red Link, Newpay y COELSA) información sobre los usuarios.
Estos cruzarán los datos "de acceso público" o derivados de información pública y que, cuando se vinculen con datos no públicos, estarán "en forma mínima y/o agregada", con la Central de Prevención de Fraude y con registros transaccionales propios para armar un perfil de cada persona con un puntaje "de riesgo de fraude en los pagos electrónicos" vinculado al CUIL o CUIT.
La calificación que reciba cada usuario, ese score, será remitida luego a los bancos y Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP), quienes estarán obligados a utilizarlo en tres procesos:
Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, resume a iProUP el alcance de la nueva regulación: "El BCRA crea un score de riesgo de fraude de aplicación obligatoria en todo el sistema de pagos minoristas".
Sin embargo, aclara que la disposición "centraliza el insumo, no la decisión", ya que "las decisiones 'no podrán fundarse exclusivamente en el score' y que su uso 'no alterará la responsabilidad' de las entidades en materia de fraude". En otras palabras, cada entidad sigue siendo, más allá de este puntaje, la última responsable de sus propios controles antifraude.
Los administradores tendrán 120 días para dejar toda la infraestructura lista, lo que empuja ese primer hito hasta enero de 2027. Ahí empezará a correr el reloj para bancos y billeteras, que tendrán 60 días para incorporar el indicador a sus sistemas internos en el alta de clientes y la revisión del padrón, y 90 para sumarlo al monitoreo transaccional diario.
Por eso, el fundador de API Hub de Negocios sostiene que "los plazos son ajustados" y calculó la plena vigencia de esta nueva herramienta "hacia mediados del año próximo".
Más allá de que esta medida de implementar una calificación de riesgo abarca a todo el sistema de pagos minoristas, en la visión del experto el 'cimbronazo' va a sentirse con más fuerza en el mundo fintech, donde hoy se cursa la mayor parte de las transferencias.
Según números del Informe de Pagos Minoristas del Banco Central, el 76,5% de las transferencias inmediatas en pesos de julio de 2026 tuvo como origen o destino una CVU.
Si se observa desde enero de 2025, todos los meses hasta el último dato disponible el porcentaje se ubicó en un rango entre el 72,6% y el 76,6%.
Esto, para Kupferberg, significa que "el score se va a activar mayoritariamente sobre cuentas virtuales" y resalta el desafío que implica sobre todo para las empresas más chicas de la industria. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, están registradas ante el BCRA unas 91 billeteras digitales interoperables que permiten efectuar pagos.
"Para una fintech chica implica integrarse con el administrador de esquema, sumar el score a los motores de onboarding y monitoreo en tiempo real, documentar su uso para acreditar ante auditoría que no fue el único criterio, y sumarlo a un plan de revisión anual". En ese escenario, anticipó "mayor demanda de RegTech tercerizado y algo de presión hacia la consolidación del sector".
Una pregunta lógica que surge a partir del análisis de la nueva disposición es por qué no alcanzaba con la Central de Prevención de Fraude, base de datos centralizada creada por el propio BCRA para que bancos y billeteras comparen información sobre eventos fraudulentos y perfiles de riesgo, y que funciona hace ya varios años.
Diego Kupferberg explica que, mientras "la CPF es un registro compartido de aperturas y cierres de CBU y CVU por CUIT, accesible vía API para que cada entidad 'identifique clientes de mayor riesgo' por su cuenta, con una capacidad analítica librada a cada jugador", con el esquema establecido en la reciente comunicación "conviven bancos con equipos de datos consolidados y fintech chicas sin escala para construir un modelo propio robusto".
En esa línea, recordó que la Comunicación "A" 8471, publicada apenas un mes atrás, "ya había obligado a todas las entidades a tener un programa antifraude interno formal", pero eso, en su visión, "tampoco resuelve la disparidad de insumos entre una institución y otra".
Para él, la "A" 8473 "estandariza esa señal delegando su construcción en los administradores de esquemas, que ven el tráfico agregado de todo el sistema". En base a esto, apunta, no hay tanto "una desconfianza del regulador hacia las entidades" sino un "reconocer que el fraude en transferencias inmediatas es un problema de red".
"Una cuenta mula rota entre varias instituciones puede ser invisible para cada una por separado. La CPF seguirá nutriendo el nuevo score, solo que antes cada entidad convertía datos en decisión por sí misma y ahora recibirá una interpretación ya elaborada, sin quedar eximida de su propia tarea", detalla.
El experto fintech asegura que la puesta en marcha "tiene desafíos concretos", ya que "el cronograma en cascada comprime tiempos" y "una demora de los administradores reduce el margen de las entidades".
Y suma una alerta técnica sobre la coordinación entre esquemas. "Tampoco hay un único administrador. Si COELSA y Red Link usan metodologías propias sobre la misma base, no está garantizado un score comparable entre ambos, justo donde se buscaba estandarizar", advierte.
Diego Kupferberg pone la lupa en la cláusula de la nueva disposición del Central que expresa que las decisiones de las entidades financieras y los PSPCP "no podrán fundarse exclusivamente en el score" y que "su utilización no alterará la responsabilidad que les corresponde en materia de prevención del fraude".
Esto es, en su mirada, "salvaguarda y zona gris" ya que "no fija cuánto peso relativo puede tener" y puede generar un "terreno fértil" para el reclamo de personas bloqueadas pese a realizar transferencias legítimas.
"Cada entidad define bajo su propia responsabilidad dónde termina 'usarlo como insumo' y dónde empieza 'decidir en base a él'. Esto puede abrir la puerta a reclamos porque el usuario no tiene hoy un mecanismo claro para saber qué pesó en su puntaje ni para pedir su revisión, dado que el modelo pertenece al administrador del esquema y no a la institución con la que opera", observa.
Sobre si, precisamente, una calificación alta puede demorar una transferencia legítima, la respuesta, según el experto, es que "sí, pero de forma indirecta".
"La norma no ordena bloquear por un score elevado, pero la manera más simple de cumplir a la defensiva es dejar que puntajes altos disparen fricciones automáticas, como verificación reforzada, retención de fondos, límites más bajos o rechazo de una apertura de cuenta", plantea.
Kupferberg también señala un 'punto ciego' que puede afectar a usuarios legítimos. "El score se nutre, entre otras cosas, de la cantidad de aperturas y cierres de CBU y CVU por CUIT, señal que puede confundir fraude con comportamiento simplemente atípico, como el de alguien con varias billeteras o un monotributista con changas irregulares", describió, al mismo tiempo que subraya que "sin canal de apelación, el costo de un falso positivo recae enteramente sobre la persona".
Sobre si, con todo esto, la medida alcanza para reducir el fraude en general, afirma: "Probablemente ataque bien una parte del problema y deje otra intacta".
"El score apunta a la etapa en que el dinero ya está en movimiento, como cuentas mula, fraccionamiento y lavado asociado a estafas y juego ilegal, y ahí puede ser efectivo si logra lo que promete, que es una señal predictiva y compartida en vez de fragmentada", precisa.
La contracara, en su visión, son los "frentes" que la regulación no toca. "No aborda la captación de víctimas vía phishing, ingeniería social o publicidad de apuestas no autorizadas que circula sin restricciones en redes sociales", enumera.
Y alerta que "la calidad del score dependerá de la calidad y actualidad de sus datos, y los estafadores adaptan sus circuitos rápido, por eso las revisiones semestrales de poder predictivo, reconocimiento implícito de que el modelo puede quedar obsoleto".
Para cerrar, el experto considera que la "A" 8473 "no es un parche sobre la CPF sino un paso más en una secuencia coherente que busca cerrar la brecha de capacidades entre bancos grandes y fintech chicas en un sistema donde 3 de cada 4 transferencias 'push' ya pasan por una cuenta virtual".
"Su éxito va a depender menos de la sofisticación del modelo que de que 'insumo obligatorio' no termine siendo 'criterio automático de bloqueo', y de que el resto del ecosistema, como ser publicidad de apuestas, educación financiera, velocidad de respuesta ante denuncias, avance al mismo ritmo que el control sobre el dinero ya robado", concluye.