Cuando un comercio concreta una venta con tarjeta de crédito, no recibe el dinero en el acto. Queda a la espera de que la entidad pagadora acredite los fondos en un plazo que hoy ronda entre 8 y 18 días, aunque puede variar según el tipo de actividad o la condición del comercio.
En ese lapso, muchos locales necesitan liquidez para gastos corrientes:
La solución actual es el descuento financiero. El comercio cede el derecho de cobro de ese cupón a cambio de recibir el dinero antes, con una quita. Resigna una porción del monto total para tener efectivo anticipado.
El problema que identifica el BCRA es que hoy existen pocas opciones para hacer esa operación. Esa escasez de alternativas reduce la competencia y deja al comercio con poco margen para conseguir mejores condiciones.
El proyecto conserva la lógica del descuento pero cambia cómo se determina su costo.
La idea es habilitar un circuito donde distintos oferentes puedan disputar ese negocio y competir por ofrecer mejores condiciones. La expectativa oficial es que esa competencia presione las tasas de descuento a la baja y que los comercios retengan una porción mayor del dinero de sus ventas.
En términos prácticos funcionaría así: una compra pactada en tres cuotas generaría tres cupones de crédito, cada uno con su propio vencimiento mensual. El comercio podría transferir esos derechos de cobro por separado antes de la fecha de acreditación y obtener liquidez anticipada, sin esperar el cobro de cada cuota.
El mecanismo es similar al descuento de un cheque, con una diferencia relevante en la percepción del riesgo: en el caso de los cupones, el deudor final es una entidad bancaria. Esa característica es la que el Gobierno presenta como justificación para tasas más bajas.
Los números del sistema de pagos permiten dimensionar el mercado potencial.
Según datos oficiales del BCRA, en julio de 2026 se registraron 176.222.475 operaciones en pesos con tarjetas de crédito. De ese total, 155.309.087 se hicieron en un pago y 20.913.388 en cuotas. El monto total superó los $10,6 billones.
Una porción de esos recursos es la que podría canalizarse hacia el circuito que analiza el organismo monetario.
El impacto sería especialmente relevante para pymes y comercios chicos, donde la administración del flujo de caja es una cuestión decisiva. Una reducción en el costo del descuento puede representar una mejora concreta en márgenes ajustados, sobre todo cuando la necesidad de capital de trabajo obliga a anticipar cobros de forma frecuente.
Mariano Sacco, consultor especializado en medios de pago y financiamiento pyme, dimensiona el efecto: "Para un comercio que descuenta cupones todos los meses, una baja de dos o tres puntos en la tasa de descuento no es un ahorro marginal, es la diferencia entre reponer mercadería completa o hacerlo a medias."
El experto cree que "en negocios que trabajan con márgenes del 15% o 20%, el costo financiero se come una porción enorme de la rentabilidad".
El alcance final de la medida depende de varias definiciones que todavía no están tomadas, y ahí está el margen entre la intención y el resultado.
Falta conocer qué actores quedarán habilitados para participar del mercado abierto, bajo qué regulación operarán, qué condiciones deberán cumplir los intermediarios y de qué forma se garantizará transparencia en la formación de tasas.
Esos detalles son los que determinan si la mayor competencia proyectada se traduce efectivamente en menores costos.
Laura Bertolotti, analista de sistemas de pago, señala el riesgo del diseño: "El resultado depende de quién puede entrar a competir. Si el mercado abierto termina habilitando a los mismos actores que ya operan hoy, la competencia adicional es cosmética. Si se abre a fondos, ALyCs y otros jugadores del mercado de capitales, ahí sí puede haber una compresión real de tasas".