A una semana de la fecha límite fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la puesta en marcha del Cobro con Transferencia (CCT) para préstamos genera fuertes dudas operativas y reparos técnicos en el sistema financiero.
La herramienta, anunciada originalmente en marzo y cuya vigencia obligatoria quedó estipulada para el 31 de agosto de 2026, busca regular el débito automático y mensual de cuotas crediticias, permitiendo que una entidad cobre de forma directa desde una cuenta bancaria (CBU) o virtual (CVU) radicada en otra institución.
Pese a que la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili presentó la medida como una solución superadora para mejorar la cobrabilidad y aportar transparencia a los usuarios, tanto las entidades bancarias tradicionales como las fintech coinciden en que el uso efectivo del sistema será muy limitado en su etapa inicial.
El debate cobra especial relevancia frente al incremento de la morosidad en el crédito al consumo, un escenario donde las entidades preparan refinanciaciones de carteras morosas pero se topan con trabas reglamentarias para utilizar el nuevo canal.
El principal cuestionamiento del sector financiero radica en la complejidad técnica de integración entre plataformas y en una serie de restricciones normativas que reducen la agilidad del mecanismo.
De acuerdo con fuentes del sector bancario y del ecosistema fintech consultadas el 23 de agosto de 2026, existen tres limitaciones centrales que frenan el despliegue del sistema:
Falta de retroactividad: La normativa no aplica a los créditos ya otorgados. Solo funcionará para los nuevos préstamos emitidos a partir del 31 de agosto de 2026 y para eventuales refinanciaciones de deudas acordadas con clientes morosos.
Consentimiento expreso y revocable: El prestatario debe otorgar una autorización previa, explícita y por única vez para habilitar el débito en su cuenta externa, con la potestad de revocar dicho permiso en cualquier momento desde su aplicación bancaria o billetera.
Tope sobre ingresos declarados: El marco regulatorio fija que la cuota debitada por este sistema no puede superar el 30% de los ingresos que el usuario haya declarado al momento de originar la operación crediticia.
A estas condiciones se suma un punto de fricción en la seguridad digital: la reglamentación prohíbe el uso de reconocimiento facial para registrar el consentimiento del usuario, lo que obliga a recurrir a otros métodos de autenticación menos dinámicos en los canales móviles.
La necesidad de optimizar los canales de cobro responde al deterioro en los ratios de pago del financiamiento no bancario y de tarjetas de crédito, con focos de mora que superan el 25% en los segmentos de menores de 35 años y sectores de ingresos informales.
Si bien las entidades proyectaban utilizar el Cobro con Transferencia para estructurar planes de pago automáticos en cuentas sueldo o billeteras donde el cliente recibe fondos de forma intermitente, la posibilidad de que el deudor revoque la autorización de débito con un solo clic limita la efectividad de la herramienta como garantía de repago.
Por este motivo, los operadores del mercado anticipan que muchas entidades no llegarán a tener completamente homologados sus sistemas para el plazo del 31 de agosto, postergando la adopción masiva del CCT mientras continúan priorizando los esquemas tradicionales de débito directo y cobranza en ventanilla.