Un grupo de diputados presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que investigue a 91 billeteras virtuales y 687 proveedores no financieros por presuntas prácticas anticompetitivas en las tasas y condiciones de los créditos que ofrecen.
La presentación lleva la firma de los diputados peronistas Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto Alí, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, e ingresó este martes ante el organismo que reemplazó a la vieja Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Entre las plataformas mencionadas en el escrito aparecen:
El pedido apunta al universo completo de entidades autorizadas por el Banco Central, incluidas mutuales y cooperativas del interior del país.
Michel, diputado por Entre Ríos, vinculó el reclamo con el deterioro del ingreso familiar: "El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir". El legislador además advirtió que en algunos créditos la tasa llega al 700% anual.
El escrito solicita que la ANC exija al Banco Central información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de cada entidad, junto con el historial de Tasas Efectivas Anuales y Costos Financieros Totales aplicados durante los últimos 24 meses.
También reclama que se determine qué plataformas se ubicaron por encima y por debajo de la media y la mediana de tasas del sistema, además de sus índices de morosidad.
Un capítulo aparte pide un cuerpo pericial de economistas e informáticos para auditar los algoritmos de scoring y asignación de crédito, con el objetivo de establecer si las billeteras usan datos transaccionales no financieros para discriminar precios o imponer condiciones más duras a usuarios sin alternativas.
La denuncia también apunta a la falta de interoperabilidad de los historiales crediticios entre plataformas, lo que dificultaría que un usuario traslade su reputación a otro proveedor.
Los diputados invocaron posibles infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, al artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a discriminar el costo financiero total, y a los artículos del Código Civil y Comercial sobre abuso de posición dominante. Si la ANC comprueba irregularidades, puede ordenar el cese de las conductas y aplicar sanciones.
El pedido llega en un momento de deterioro sostenido de los indicadores de pago. Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, la irregularidad de las financiaciones al sector privado escaló al 7,7% en mayo, con la mora de las familias en 12,8%, el nivel más alto en más de 20 años.
Dentro de ese universo, sin embargo, la Cámara Argentina Fintech cuestionó que se atribuya a las billeteras virtuales la mayor parte de la cartera irregular.
Según datos desagregados del BCRA para mayo, el reparto de la mora es de 32,6% para los bancos, 20,6% para las fintech y 46,8% para el resto de los proveedores no financieros, un universo que incluye tarjetas de consumo, mutuales, cooperativas, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos.
La entidad remarcó que agrupar a todos esos actores bajo la etiqueta de billeteras virtuales genera lecturas imprecisas sobre la composición real de la morosidad en Argentina.
Una vez radicada la denuncia, la ANC deberá evaluar si abre el expediente y produce las medidas de prueba solicitadas, entre ellas los pedidos de información al Banco Central y la auditoría de los algoritmos de crédito.
El proceso puede demorar varios meses según la complejidad de los datos a relevar, y de comprobarse infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia el organismo tiene facultades para aplicar multas y ordenar el cese de las prácticas cuestionadas.