Un ciudadano tucumano ganó una demanda millonaria contra una billetera digital brasileña que le había bloqueado la cuenta sin justificación.
La Justicia de Brasil ordenó a la empresa pagarle una indemnización de R$ 100.000 —equivalentes a unos $7,7 millones argentinos— por daños morales y patrimoniales, en un fallo que sentaría precedente para casos similares en toda la región.
El caso se originó en 2025, cuando el usuario —residente en Tucumán— viajó a Brasil y utilizó una billetera digital local para realizar pagos y transferencias.
Sin previo aviso, la plataforma bloqueó su cuenta y retuvo los fondos durante más de seis meses, alegando "verificación de identidad pendiente".
El afectado presentó múltiples reclamos sin obtener respuesta, lo que lo llevó a iniciar una acción judicial por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo.
La demanda argumentó que el bloqueo fue arbitrario y vulneró derechos básicos del consumidor, como el acceso a su propio dinero y la transparencia en la gestión de datos personales.
El tribunal coincidió y calificó la conducta de la empresa como "abusiva y desproporcionada", destacando que el usuario no tenía antecedentes de fraude ni incumplimientos contractuales.
El fallo, emitido el 22 de julio de 2026, ordenó a la billetera digital pagar R$ 100.000 por daño moral y patrimonial, además de cubrir los costos judiciales.
La jueza a cargo sostuvo que las fintech deben garantizar canales efectivos de atención y mecanismos de desbloqueo ágiles, especialmente cuando operan con clientes extranjeros.
"La confianza en los sistemas digitales depende de la responsabilidad de las empresas frente a sus usuarios", señaló en la resolución.
El tribunal también remarcó que las plataformas financieras no pueden aplicar bloqueos preventivos indefinidos sin ofrecer una vía clara de apelación.
En este caso, la empresa no presentó pruebas de irregularidades ni justificó la retención de fondos, lo que agravó su responsabilidad.
En Brasil, el Banco Central viene impulsando nuevas normas para regular el uso de wallets y exchanges, mientras que en Argentina la Comisión Nacional de Valores (CNV) evalúa mecanismos de cooperación regional para evitar este tipo de conflictos.