El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la desconfianza de los argentinos hacia el sistema financiero sigue intacta, pese a los esfuerzos oficiales por bancarizar los ahorros.
"Todavía hoy la gente tiene desconfianza, todavía hoy la gente tiene sus ahorros afuera del sistema financiero. Ahorra en dólares y los pone abajo del colchón, se va al sector informal por el temor a que los políticos le vuelvan a hacer lo mismo", reconoció en una entrevista con Crónica TV.
La declaración llega en un momento sensible para el equipo económico. Hace apenas cinco días, el propio Caputo presentó ante el Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, pensada específicamente para destrabar el ingreso al sistema bancario de los u$s170.000 millones que, según estimaciones del Banco Central, los argentinos mantienen fuera de los bancos.
Ese número no es menor. Cuadruplica los depósitos en dólares del sector privado, que rondan los u$s40.000 millones y apenas se mueven mes a mes. Es la brecha que el Gobierno intenta cerrar desde hace más de un año, sin resultados contundentes.
La nueva ley, según explicó el ministro, busca corregir las debilidades que detectaron contadores y tributaristas en la versión original de la norma, vigente desde fines de 2025. El cambio más relevante es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen.
Hasta ahora solo podían sumarse quienes declararan ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. Con la reforma, cualquier persona humana o sucesión indivisa con residencia fiscal en el país podrá adherirse, aunque los grandes contribuyentes tendrán un esquema simplificado sin los beneficios plenos.
El proyecto también redefine qué se considera una "discrepancia significativa" a los fines de una eventual fiscalización. ARCA solo podrá cuestionar la presunción de veracidad si detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos superior al 15%, un cambio pensado para evitar sanciones desproporcionadas por diferencias menores.
Caputo apuesta fuerte a esta segunda vuelta normativa. "Si no depositan los dólares en el banco es porque están muy mal asesorados", llegó a decir en la presentación oficial del proyecto, e insistió en que "tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio" porque implica perder valor frente a la inflación, incluso en Estados Unidos.
Pero el propio ministro reconoce que la ecuación no se resuelve solo con letra chica. El recuerdo del corralito de 2001, cuando el Gobierno restringió los retiros bancarios y pesificó los depósitos en dólares con una pérdida cercana al 75% de su valor, sigue marcando la relación de los argentinos con los bancos.
Ese antecedente explica, en gran medida, por qué una economía con más de dos décadas de historia democrática y estabilidad relativa sigue funcionando con una lógica de atesoramiento informal.
A la desconfianza estructural se suma otro factor que juega en contra del oficialismo. La primera versión de la Ley de Inocencia Fiscal quedó bajo sospecha después de que funcionarios del propio Gobierno, entre ellos el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se acogieran al régimen en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
Ese antecedente alimenta las dudas sobre si el esquema termina funcionando como una herramienta genuina de bancarización o como un atajo para blanquear patrimonios sin controles profundos.
El proyecto todavía debe pasar por el debate parlamentario, donde el oficialismo buscará los votos necesarios para su aprobación. De lograrlo, el Gobierno espera que la nueva ley marque un antes y un después en la relación entre los contribuyentes y el fisco.
Hasta entonces, la brecha entre los u$s170.000 millones atesorados y los u$s40.000 millones depositados sigue siendo la mejor radiografía de cuánto le cuesta a la Argentina recuperar la confianza perdida.