La Ley de Desregulación que enviará el Gobierno prevé la posibilidad de poner activos digitales y criptomonedas como garantías de préstamos y, para darles seguridad jurídica, crea un registro único de garantías y un "sello de tiempo criptográfico" que es una nueva manera de dar fecha cierta e "integridad" a las transacciones en la blockchain.
El Registro de garantías existe en Estados Unidos en el mundo analógico y da seguridad a los proveedores de crédito sobre qué bienes del acreedor ya están gravados, pero Argentina innova al crearlo para la Web 3. El timestamp hoy rige para Bitcoin, pero la idea es generalizarlo.
Iván Bolé, abogado experto en cripto, asegura a iProUP que "la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías que incorpora tecnología digital y sellado de tiempo criptográfico puede tener un impacto muy concreto sobre el crédito".
"Permite pensar en la constitución y registración de garantías sobre una mayor variedad de activos –incluidos activos digitales– con lógica federal y mayor publicidad", asegura.
"También facilita la digitalización de instrumentos. Al centralizar y hacer más trazable la información sobre derechos y garantías existentes, favorecerá el desarrollo de operaciones de financiamiento más sofisticadas de mercado de capitales, incluida la securitización de activos, o sea, la trasacción en los mercados de títulos como pagarés y cheques",dice
Bolé compara la propuesta con el sistema de security interests de Nueva York, que "funciona de forma centralizada y analógica desde 1952, permitiendo que un acreedor presente una notificación pública (UCC-1) sobre los activos del deudor, la cual puede ser consultada, modificada, continuada, cedida o terminada por terceros. Antes de otorgar crédito, el potencial acreedor puede verificar qué garantías ya existen y evaluar la prioridad de sus derechos".
"El Sistema Federal de Registro de Garantías del proyecto argentino parece avanzar en una dirección conceptualmente similar: centralizar y hacer más pública y trazable la información sobre las garantías, pero con una arquitectura digital y federal y utilizando herramientas como el sellado de tiempo criptográfico", señala Bolé.
El letrado enfatiza que "es una infraestructura que el mercado de capitales argentino necesitó durante mucho tiempo, incluso antes de la aparición de blockchain: un sistema que permita saber con mayor facilidad qué activos están gravados, quién tiene derechos sobre ellos y cuál es la prioridad entre distintos acreedores".
"La tecnología permite ahora construir esa infraestructura con mucha mayor velocidad, trazabilidad y precisión", refuerza.
El abogado experto en cripto Ismael Lofeudo, afirma a iProUP: "La clave y la seguridad del sistema estará en qué base de datos descentralizada usen para registrarlos. Si usan una propia que pueden modificar, no tiene mucho sentido. Deberían usar una blockchain pública, que sea auditable y que tenga permanencia en el tiempo".
Gilberto León Santamaría, Milagros Santamaría e Ignacio Santamaría del Estudio Santamaría Abogados, analizan para iProUP el impacto de incorporar el sello de tiempo criptográfico (cryptographic timestamp) en el marco del Anteproyecto de Ley de Desregulación en Argentina.
Sostienen que "el reconocimiento de esta tecnología representa una de las transformaciones más profundas en el proceso de modernización del sistema normativo. Con esta medida, el Estado comienza a aceptar que las certezas técnicas pueden construirse mediante mecanismos criptográficos verificables y producir efectos legales".
"Esto abre la puerta a la incorporación de una nueva categoría de evidencia tecnológica dentro de nuestro sistema jurídico. Desde un punto de vista técnico, consiste en registrar la huella digital (hash) de un archivo o documento en una blockchain pública, vinculándolo a un instante temporal específico".
De esta forma, revelan que el registro permite demostrar de manera objetiva tres circunstancias fundamentales:
Según los abogados del Estudio Santamaría, "a diferencia de la 'fecha cierta' del Código Civil y Comercial, que exige la intervención de un tercero o institución de confianza para certificar un documento, el timestamp permite la verificación matemática y objetiva de la integridad temporal del registro".
"Para proteger la confidencialidad de la información y evitar almacenar el documento completo en la blockchain, primero se calcula su hash único y es esta huella digital la que se registra permanentemente a través de una transacción", describen.
Los abogados del Estudio Santamaría aclaran: "Las blockchains públicas no garantizan el anonimato, sino la pseudonimia o privacidad. Las transacciones quedan registradas de manera permanente y pública, vinculadas a direcciones criptográficas (wallets). No identifican por sí mismas a sus titulares, la blockchain registra direcciones, no personas".
"La identidad puede reconstruirse posteriormente cuando esa dirección se relaciona con un exchange, información tributaria o mediante herramientas especializadas de análisis forense on-chain. Por ello, blockchain no oculta la actividad económica, inicialmente solo desvincula esa actividad de una identidad determinada", puntualizan.
Enfatizan que "en cuanto a las wallets frías de autocustodia, al prescindir de intermediarios, incrementan significativamente la privacidad, pero no eliminan la posibilidad de identificar al usuario".
"El historial completo de transacciones de cualquier wallet es completamente visible en una blockchain pública. Organismos judiciales, tributarios o empresas de análisis forense on-chain pueden asociar una dirección con su titular a través de la interacción con exchanges regulados, plataformas con KYC o el análisis de flujos de transacciones", alertan.
"El verdadero aporte del anteproyecto no es solo sumar una herramienta probatoria, sino reconocer una estructura de dos niveles para la construcción de la evidencia digital", afirman los abogados del Estudio Santamaría:
La tecnología de bloques proporciona verificabilidad técnica, demostrando matemáticamente que un hecho digital ocurrió y cuándo ocurrió. Este mecanismo es la recepción normativa del protocolo de Timestamp Server ideado por Satoshi Nakamoto para Bitcoin.
"Sin embargo, el timestamp acredita hechos, no personas; no identifica al creador del archivo, no demuestra una manifestación de voluntad ni reemplaza la firma digital", indican los abogados.
El derecho conserva su función indelegable de calificar e interpretar el hecho tecnológico. Le corresponde al sistema legal –mediante firmas, identificaciones complementarias o pericias– vincular ese hecho objetivo con una persona determinada para atribuirle las consecuencias jurídicas correspondientes.
"El reconocimiento de esta tecnología constituye apenas el primer paso. El verdadero desafío normativo radicará en diseñar un régimen probatorio de transición que defina la admisibilidad, los métodos de verificación, las pautas para su impugnación y reglas de valoración de estas evidencias por parte de los jueces", concluyen desde el Estudio Santamaría.