El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el acceso al régimen y dar mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar sus "dólares del colchón".
La iniciativa del oficialismo busca captar parte de los u$s170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
En conferencia de prensa, Caputo explicó que la nueva versión elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen.
Hasta ahora, solo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
Con la reforma, cualquier persona humana o sucesión indivisa con residencia fiscal argentina podrá ingresar, salvo los grandes contribuyentes nacionales, que tendrán un esquema simplificado pero sin los beneficios plenos de la ley.
Otro punto clave es la redefinición de la "discrepancia significativa": ARCA solo podrá cuestionar la presunción de veracidad si detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos superior al 15%. Esto busca evitar que diferencias menores generen sanciones desproporcionadas.
El proyecto también incorpora garantías adicionales para los contribuyentes. Entre ellas, se aclara que los pagos en efectivo en escrituras públicas serán compatibles con el régimen, despejando dudas en el mercado inmobiliario.
Además, se fortalecen los mecanismos de defensa frente a la fiscalización de ARCA, con el objetivo de dar previsibilidad a quienes decidan bancarizar sus ahorros.
Caputo insistió en que "tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio", recordando que incluso en Estados Unidos existe inflación y que mantener efectivo sin rendimiento implica pérdida de valor.
El ministro confía en que el Congreso aprobará la iniciativa, ya que "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada" respecto a la versión original, aunque reconoce que se corrigen debilidades técnicas señaladas por diversos tributaristas.
La decisión de enviar una nueva ley surge tras las advertencias de contadores y especialistas, quienes alertaron que la normativa vigente exponía a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. El Gobierno busca así consolidar un marco estable que incentive la formalización de ahorros y fortalezca las reservas.
Sin embargo, persisten tensiones políticas: la primera versión de la ley fue cuestionada porque varios funcionarios, incluido el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, se acogieron al régimen en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Ese antecedente genera dudas sobre la transparencia y el uso del esquema como "tapón fiscal" para regularizar patrimonios sin revisión profunda.